ARCHIVO – Personas reunidas frente a la Corte Suprema de EEUU en Washington, EEUU, el 29 de junio de 2024

En una decisión que redefine el panorama migratorio estadounidense, la Corte Suprema respaldó este viernes al presidente Donald Trump para anular el estatus legal temporal que la administración Biden otorgó a 532,000 inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.

El fallo, emitido en respuesta a una solicitud de emergencia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), permite al gobierno federal revocar masivamente el programa de «libertad condicional humanitaria» implementado en 2023, dejando en riesgo de deportación acelerada a cientos de miles de personas que buscaron refugio en EE.UU.

Desarrollo de la Decisión Judicial

Antecedentes del Programa de Parole Humanitario

El programa en disputa fue establecido en enero de 2023 por el entonces secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, como parte de la estrategia de la administración Biden para reducir la migración irregular en la frontera sur. La medida permitía a ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela —países azotados por crisis políticas y económicas— solicitar entrada legal temporal a EE.UU. si contaban con un patrocinador financiero y superaban verificaciones de antecedentes.

Hasta enero de 2025, 532,000 personas habían ingresado bajo este mecanismo, obteniendo permisos de trabajo renovables por dos años. No obstante, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, la administración republicana anunció en marzo su intención de cancelar el programa, argumentando que incentivaba la migración ilegal y carecía de controles rigurosos.

Batalla Legal y Fallo de la Corte Suprema

La disputa judicial comenzó cuando la jueza federal Indira Talwani, del Distrito de Massachusetts, bloqueó en abril la revocación masiva del programa. En su fallo, Talwani determinó que el DHS bajo el mando de Kristi Noem —actual secretaria de Seguridad Nacional— no podía terminar el estatus migratorio sin evaluaciones caso por caso, tal como lo exige la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

El gobierno de Trump apeló inmediatamente, llevando el caso a la Corte Suprema. En un orden breve y sin firma, la mayoría conservadora del tribunal (6-3) concedió la solicitud de emergencia, suspendiendo el fallo de Talwani y permitiendo la revocación inmediata del parole. Los magistrados Sonia Sotomayor y Ketanji Brown Jackson —designadas por presidentes demócratas— disintieron, advirtiendo que la decisión ignoraba el «daño irreparable» para las familias afectadas.

Implicaciones para las Comunidades Migrantes

Con este fallo, los 532,000 beneficiarios del programa —la mayoría establecidos en Florida, Texas y California— perderán su estatus legal progresivamente a medida que venzan sus permisos. El DHS ha confirmado que no procesará renovaciones, iniciando en su lugar procedimientos de «expulsión acelerada» para aquellos cuyo parole expire.

Organizaciones proinmigrantes han alertado que esta medida devolverá a los afectados a países con crisis humanitarias agudas. En el caso de Venezuela, el 80% de los beneficiarios huyeron del régimen de Nicolás Maduro, según datos de la ONU. Para Nicaragua, el éxodo incluye opositores al gobierno de Daniel Ortega, mientras que cubanos y haitianos enfrentan colapsos económicos y violencia generalizada.

Contexto Político y Reacciones

Esta es la segunda victoria migratoria de Trump ante la Corte Suprema en menos de un mes. El 19 de mayo, el tribunal permitió al gobierno revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para 350,000 venezolanos, otro programa creado por Biden. Ambas decisiones reflejan la alineación del poder judicial con la agenda de mano dura del expresidente republicano, quien prometió en campaña «la mayor operación de deportación de la historia».

Organizaciones como el Centro para la Ley y Política Migratoria de UCLA han calificado el fallo como «catastrófico», señalando que contradice precedentes legales que exigen evaluaciones individualizadas antes de cancelar beneficios migratorios. Por su parte, la secretaria Noem celebró la decisión, afirmando que «restaura el orden constitucional y disuade la migración ilegal».

Un Futuro Incierto

El fallo no solo impacta a medio millón de familias, sino que sienta un precedente para futuras políticas migratorias. Al validar la revocación masiva de protecciones temporales, la Corte Suprema otorga amplia discrecionalidad al ejecutivo para manipular programas humanitarios según agendas políticas. Mientras las deportaciones se preparan, comunidades enteras —desde Miami hasta Houston— enfrentan ahora la disyuntiva de regresar a países en crisis o sumergirse en la clandestinidad, un dilema que, para muchos, equivale a una sentencia de muerte.