ARCHIVO: Una pareja de venezolanos se reúne en el Aeropuerto de Orlando, tras ella recibir el parole humanitario, el 31 de octubre de 2022. REUTERS/Phelan M. Ebenhack

En el juicio de Texas, se espera que los estados republicanos argumenten que la administración de Biden está usurpando el poder del Congreso y extralimitando un poder de libertad condicional destinado a ser utilizado caso por caso.

Veintiún estados de tendencia republicana amenazan con poner fin al programa de libertad condicional humanitaria del presidente Joe Biden a través de una demanda para determinar su legalidad, que se escuchará en un tribunal de Texas a partir del jueves y la decisión se tomará más tarde.

El programa permite que hasta 360.000 personas entren anualmente a EEUU desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y la administración afirma que busca alentar a los inmigrantes a utilizar las rutas preferidas por el gobierno o enfrentar duras consecuencias.

La administración ha dicho que tuvo que actuar en ausencia de una acción del Congreso para reformar el sistema de inmigración de la nación. Gran parte de la estrategia será puesta a prueba en la demanda.

En el juicio de Texas, se espera que los estados republicanos argumenten que la administración de Biden básicamente está usurpando el poder del Congreso y extralimitando un poder de libertad condicional destinado a ser utilizado caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo.

La administración argumenta que tiene el poder de usar la libertad condicional humanitaria de esta manera y atribuye a la iniciativa la reducción drástica de los cruces fronterizos ilegales de inmigrantes de esos cuatro países.

Los solicitantes del programa deben pasar verificaciones de antecedentes y tener un patrocinador financiero en EEUU que responda por ellos. Si se aprueba, volarán a un aeropuerto de EEUU en lugar de cruzar por la frontera sur. Luego pueden permanecer en los Estados Unidos durante dos años y obtener un permiso de trabajo.

Los grupos de derechos de los inmigrantes solicitaron con éxito unirse a los procedimientos legales en nombre de una inmigrante haitiana y otras seis personas que patrocinan a los inmigrantes.

Esther Sung, abogada del Justice Action Center, dijo que los grupos quieren mostrar a las personas reales que se han ofrecido como voluntarias para ser patrocinadores y cómo les afectaría terminar el programa.

Blas Nuñez-Neto, subsecretario de política fronteriza e inmigración del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en una conferencia telefónica reciente que el gobierno está preocupado por el próximo juicio y apelará si la administración pierde.

El caso está programado para ser escuchado por el juez Drew Tipton en Victoria, Texas, un designado de Donald Trump que falló en contra de la administración Biden sobre a quién priorizar para la deportación.

El gobierno federal presionó sin éxito para que el caso fuera transferido desde la sala del tribunal de Tipton después de sugerir que los estados republicanos lo presentaron en Victoria porque buscaban un juez favorable.

Estados Unidos usó sus poderes de libertad condicional humanitaria para permitir la entrada a decenas de miles de ucranianos cuando Rusia invadió, pero la demanda de los estados republicanos no impugna esa decisión.

Casi cualquier persona puede ser patrocinador siempre que llene el papeleo. Muchos están patrocinando a familiares que no tienen otra forma de venir a los EEUU.

El programa de la administración Biden parece ser uno de los mayores usos individuales de la autoridad de libertad condicional humanitaria, pero ciertamente no es la única administración que la ha usado.

La autoridad se ha utilizado repetidamente en formas grandes y pequeñas, incluida la entrada de vietnamitas, camboyanos y laosianos a fines de la década de 1970, con los kurdos iraquíes que ayudaron a EEUU en la Guerra del Golfo Pérsico de los 1990 y los cubanos que han huido de su país en varias ocasiones, según el Instituto Cato.

La administración Biden inició el programa para venezolanos en octubre de 2022 y agregó cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero.

Así y todo, algunos que generalmente apoyan el programa tienen preocupaciones. Los críticos dicen que la necesidad de tener un patrocinador financiero favorece esencialmente a los inmigrantes más ricos y bien conectados, al mismo tiempo que temen que el programa pueda usarse para explotar a los inmigrantes.

Muriel Sáenz, quien ayuda a los inmigrantes a través de Nicaraguans Around the World (Nicaragüenses en el Mundo), un grupo con sede en Texas, dijo que puede ser difícil encontrar patrocinadores para los inmigrantes que aún no tienen lazos familiares EEUU.

Ella alienta a los ciudadanos estadounidenses a patrocinar a personas que no conocen, algo que resulta más difícil de promover.

“Es demasiada responsabilidad”, dijo Sáenz. “Legalmente estás adoptando personas por dos años”.

[Información de AP]