Referencial / Foto: ICE

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos registró un total de 49.571 arrestos durante el mes de julio, marcando la cifra mensual más alta en lo que va del segundo mandato del presidente Donald Trump.

El dato, obtenido mediante el análisis del proyecto Deportation Data Project de la Universidad de California en Berkeley y UCLA a partir de registros federales, representa un incremento del 15 % respecto a junio (43.021 detenciones) y un 70 % en comparación con febrero.

El repunte ocurre tras un ajuste en la estrategia de las autoridades federales, las cuales han comenzado a priorizar intervenciones comunitarias de menor perfil en lugar de las redadas masivas y espectaculares registradas a inicios de año.

Puntos clave del reporte:

Perfil de los detenidos: Más de la mitad de las personas arrestadas durante julio no contaba con antecedentes ni cargos penales pendientes. Menos de un 25 % de los detenidos tenía una condena previa registrados en el sistema civil o criminal.
Alianzas con policías locales: Cerca del 13 % del total de arrestos (alrededor de 6.500 casos) se concretaron mediante el uso del programa 287(g) y convenios de colaboración entre ICE y cuerpos policiales locales o estatales. Un año antes, estas alianzas representaban menos del 5 %.
Estados con mayor impacto: Texas y Florida concentraron cerca de 20.000 de las detenciones del mes, consolidándose como los principales centros de ejecución de las políticas migratorias.
Controles de tránsito y comunidad: Aproximadamente la mitad de las aprehensiones se realizaron mediante intervenciones de campo («arrestos no custodiales»), que incluyen paradas de tráfico por faltas menores (como vidrios polarizados o licencias vencidas) y revisiones de estatus durante citas rutinarias.

Organizaciones civiles e investigadores señalan que la efectividad táctica del organismo ha aumentado gracias a un mayor presupuesto federal y al reclutamiento masivo de agentes. No obstante, abogados y activistas advierten que la aplicación de estas medidas ha terminado por afectar a personas con permisos de trabajo vigentes o procesos de asilo en trámite.