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Gobierno Federal demanda a Texas por matrícula estatal a estudiantes indocumentados
REFERENCIAL / Photo by Israel Torres: https://www.pexels.com/photo/a-group-of-people-sitting-in-chairs-and-holding-books-17030097/
El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos interpuso una demanda contra el estado de Texas para anular la Ley Dream Act de Texas, vigente desde 2001, que permite a estudiantes indocumentados acceder a tarifas de matrícula reducidas en universidades públicas.
Esta acción legal, presentada el 4 de junio de 2025 en el Tribunal de Distrito del Distrito Norte de Texas, representa un nuevo capítulo en la agenda migratoria del presidente Donald Trump, centrada en priorizar a ciudadanos estadounidenses en políticas educativas.
Antecedentes de la Ley Dream Act de Texas
La legislación, aprobada bajo el gobernador republicano Rick Perry, establece que estudiantes sin estatus migratorio legal pueden pagar matrículas equivalentes a las de residentes legales si cumplen tres requisitos:
- Haber vivido en Texas durante al menos tres años consecutivos.
- Haberse graduado de una preparatoria del estado u obtenido un GED (equivalente al bachillerato).
- Firmar una declaración jurada de intención de regularizar su situación migratoria.
Desde su implementación, más de 57,000 estudiantes indocumentados se han matriculado en instituciones públicas texanas, representando el 8% del total de inscritos en 2022 según datos de la ONG Presidents Alliance y el gobierno estatal. Defensores de la ley argumentan que ha impulsado la economía local al facilitar la formación de profesionales en sectores clave como enfermería, ingeniería y educación.
Detalles de la Demanda Federal
El DOJ alega que Texas viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución al ofrecer beneficios educativos a extranjeros indocumentados que no están disponibles para ciudadanos estadounidenses de otros estados. Bajo la ley federal, las universidades públicas no pueden otorgar subsidios o tarifas preferenciales a personas sin residencia legal si no extienden los mismos beneficios a ciudadanos no residentes.
La fiscal general Pam Bondi enfatizó: «Texas discrimina inconstitucionalmente a sus propios ciudadanos. Un estudiante de Oklahoma paga más que un indocumentado en Austin, lo cual es inaceptable». El recurso judicial busca bloquear permanentemente la ley estatal y obligar a las universidades a alinear sus políticas con estándares federales.
Respuesta Inmediata de Texas
Horas después de la demanda, el juez federal Reed O’Connor emitió un fallo preliminar declarando la inconstitucionalidad de la Ley Dream Act. El gobernador Greg Abbott anunció un acuerdo inmediato con el DOJ para suspender el programa, asegurando que «Texas dejará de subsidiar la educación de inmigrantes ilegales». Como resultado, los estudiantes indocumentados deberán pagar matrículas de no residentes, que triplican las tarifas locales:
- Universidad de Houston: $22,191 vs. $9,711 anuales.
- Houston Community College: $5,460 vs. $4,344 anuales.
Impacto en la Comunidad Educativa
Organizaciones proinmigrantes han calificado la medida como un revés histórico. César Espinosa, director de FIEL Houston, recordó que el 40% de los beneficiarios trabajan en sectores esenciales: «Sin esta ley, Texas enfrentaría una escasez de maestros y enfermeros bilingües en zonas rurales». Estudiantes como María González, quien cursa medicina en la UT Austin, expresaron temor: «Mis ahorros alcanzan para un semestre más. Si suben las tarifas, tendré que abandonar mi carrera».
Repercusiones Legales y Políticas
La demanda federal ocurre en un contexto de tensiones entre Texas y la administración Trump por políticas migratorias. En abril de 2025, el Senado estatal evaluó el proyecto SB 1798 para eliminar la matrícula estatal a indocumentados, pero fue bloqueado por presión de grupos empresariales. Analistas políticos sugieren que el DOJ busca sentar un precedente para desafiar leyes similares en 24 estados, incluyendo California y Nueva York.
Declaraciones y Reacciones
Mientras el fiscal general de Texas, Ken Paxton, celebró el acuerdo como una «victoria contra el socialismo educativo», la congresista demócrata Veronica Escobar tildó la medida de «ataque xenófobo a generaciones de jóvenes productivos». Por su parte, la American Immigration Council advirtió que revocar la ley costaría al estado $1,800 millones anuales en pérdidas económicas y reducción de impuestos.
