Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés).

La Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela considera que numerosos eventos registrados contra dirigentes políticos y otros actores de la sociedad civil confirman que el país, que entró en ciclo electoral, se encuentra una fase de “reactivación” de represión.

Venezuela se encuentra ante una fase de “reactivación de la modalidad más violenta de represión” por parte de las autoridades, de acuerdo a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés) que este miércoles presentó su actualización oral ante el Consejo de DDHH de la ONU.

“La Misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o a protestar por decisiones o políticas del gobierno”, precisa la actualización de la FFM que no es reconocida por el Estado venezolano.

Marta Valiñas, presidenta de la FFM, aseguró que las diversas acciones llevadas a cabo por el gobierno del presidente Nicolás Maduro contra la oposición “ponen en evidencia las graves dificultades que existen para garantizar que las elecciones presidenciales se desarrollen con el derecho a participar en los asuntos públicos” previsto en tratados internacionales.

En ese sentido, se refirió a algunas violaciones al acuerdo parcial sobre promoción de derechos políticos y garantías electorales firmado por el gobierno y la Plataforma Unitaria de la oposición en Barbados.

Valiñas dijo, además, que la FFM constató que, como ha ocurrido en el pasado, las autoridades venezolanas invocan conspiraciones “reales o ficticias” para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del gobierno.

A inicios de enero el gobierno venezolano dijo haber frustrado al menos cinco planes conspirativos contra el gobierno y, desde ese entonces, varias personas han sido detenidas, entre ellas la defensora de DDHH y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel y al menos cuatro colaboradores de la aspirante presidencial opositora, María Corina Machado.

“Los hechos ocurridos en estos meses ponen de manifiesto además los ataques del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela sobre un espacio cívico y democrático cada vez más frágil, como fue documentado en el anterior informe de la misión”, precisa la actualización oral.

La FFM aseguró haber identificado indicios de que los cuerpos de seguridad del Estado continúan cometiendo “graves” violaciones a los DDHH que permanecen impunes y señaló al Ministerio Público de operar como parte de la “maquinaria represiva” del gobierno con el objetivo de “otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas”.

Alexander Yánez Deleuze, representante permanente de Venezuela ante la ONU, reiteró que la FFM fue diseñada por varios países, entre ellos EEUU, con el propósito de lograr un cambio de gobierno en Venezuela y calificó sus informes de “parcializados”.

“Esta invalida misión apela a fuentes anónimas, cubiertas con el manto semántico de informaciones creíbles o que han sido documentadas. Si los miembros de esta ilícita misión tuvieran un mínimo de ética y respeto por la institución de los DDHH habrían condenado la aplicación de criminales sanciones contra el pueblo de Venezuela, un delito de lesa humanidad”, aseguró Yánez.

El representante de Venezuela llamó a los miembros del Consejo de DDHH a desestimar las alegaciones de la FFM que calificó de falsas.

En octubre del 2022 el Consejo de DDHH de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó una resolución para extender por dos años el mandato de la FFM, creada en 2019 para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014.