ARCHIVO / Foto: Wikimedia Commons / Autor: Michel Temer

El organismo urgió al Estado la adopción e implementación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones.

México debe actuar de inmediato para hacer frente a un “alarmante aumento de desapariciones forzadas”, exigió el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, que también señaló como responsables al crimen organizado y, en algunos casos, funcionarios del gobierno.

Según un informe presentado el martes por el organismo, «la alarmante tendencia al alza de las desapariciones forzadas» se ve agudizada por la «absoluta impunidad» en la que operan los perpetradores en México.

“El crimen organizado se ha convertido en el principal culpable de las desapariciones en México, con mayor o menor grado de participación, aquiescencia u omisión de funcionarios públicos”, cita el documento que fue elaborado a partir de la vista que realizaron, del 15 al 26 de noviembre de 2021, expertos de la institución.

De acuerdo con el informe, hasta el último día de la investigación habían 95.121 personas desaparecidas, de las cuales 112 desaparecieron durante la visita del Comité a México.

“Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, ha habido 8.000 casos nuevos en los últimos cinco años”, cita el comunicado emitido por la ONU, en el que también resalta que las desapariciones continúan afectando principalmente a hombres entre 15 y 40 años y que ha habido “un aumento notable de desapariciones de niños a partir de los 12 años”.

El Comité dijo sentirse alarmado por «la situación de los defensores de derechos humanos, algunos de los cuales desaparecieron durante su participación en operativos de búsqueda» de personas desaparecidas. Además, «más de 30 periodistas» desaparecieron entre 2003 y 2021, señaló.

¿Qué pasa con la justicia?

La investigación apuntó que en solo entre el 2 y 6% de los casos de desapariciones forzadas ha habido juicio y que apenas se han dictado 36 condenas.

El Comité pidió al Gobierno «brindar el apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Investigación», y «eliminar los obstáculos para la persecución penal» de los secuestradores.

Por su parte el gobierno del presidente Manuel López Obrador emitió un boletín de prensa en el que dijo aceptar de forma respetuosa las recomendaciones y con “el compromiso de implementarlas de buena fe”.