La región de Arequipa, en Perú, fue sacudida por un terremoto de magnitud 7,0, causando daños en infraestructuras y algunos heridos leves, pero sin víctimas fatales.

El fuerte sismo tuvo su epicentro frente a la costa de la región de Arequipa, la segunda más poblada de Perú. Altos funcionarios del gobierno informaron de daños en inmuebles y algunos heridos leves. De momento no hay registros de víctimas mortales.

Un terremoto de magnitud 7,2 sacudió la madrugada del viernes la costa sur de Perú, en el Pacífico. Según los primeros reportes oficiales no hay víctimas fatales, pero sí algunos heridos leves.

El Servicio Geológico de Estados Unidos dijo que el sismo ocurrió a las 00:36 (0536 GMT) del viernes. El epicentro se localizó a 28 kilómetros de profundidad en el océano Pacífico, a 8 kilómetros al oeste de la costa del distrito de Atiquipa, en la provincia de Caravelí, a 634 kilómetros al sur de la capital, Lima, y cerca de la frontera con Chile y Bolivia.

«Estamos haciendo las primeras evaluaciones y a Dios gracias a esta hora no tenemos registrados víctimas fatales», afirmó el primer ministro de Perú, Gustavo Adrianzén, a la radio local RPP, aunque agregó que sí hay «daños en algunos inmuebles».

Perú es un país propenso a los terremotos por su ubicación en el Anillo de Fuego del Pacífico.

La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra de Perú informó que el movimiento telúrico generó una alerta de tsunami en el litoral peruano.

Adrianzén dijo luego que la alerta de tsunami de la Marina fue descartada, «aunque podría haber algún oleaje anómalo».

El jefe de la dirección de gestión del riesgo de desastres del Ministerio de Salud, David Aponte, dijo por su parte que se había informado de tres lesionados leves.

Tras el sismo se registraron al menos cuatro réplicas con magnitudes de entre 4,0 y 4,6 en la región de Arequipa, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Carlos Zanabria, asesor del gobierno regional de Arequipa, dijo que los residentes habían abandonado sus hogares atemorizados y que se reportaron algunos daños materiales en algunos distritos.

El alcalde del distrito de Yauca, Flavio Aranguren, afirmó que en su comunidad «se han caído algunas paredes de algunas viviendas, aunque hasta ahora no hay fallecidos».

Por la localidad de Yauca y otras vecinas cerca a la costa operan pequeñas minas de oro artesanales, pero no había información disponible hasta ahora de algún impacto.

Ricardo Guillén, representante del COEN, afirmó por su parte que se han registrado cortes de energía eléctrica y de líneas telefónicas en zonas cercanas al epicentro de sismo.

Perú, un importante productor de minerales, se encuentra en una región de alta sismicidad frente a la placa tectónica de Nazca en el océano Pacífico.

[Con información de Reuters y AP]

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: Agentes de la policía sacan a mujer mientras inmigrantes indocumentados bloquean una carretera en la frontera chilena y peruana mientras permanecen atrapados en Chile, luego de que Perú se negara a abrir sus fronteras el 23 de abril de 2023. / Foto: Reuters.

Migrantes de distintas nacionalidades permanecen varados en la frontera entre Perú y Chile. La situación lleva a especialistas a recordar las responsabilidades de los Estados, así como la necesidad de que se garantice documentación, se establezcan acuerdos y se fortalezca la regularización.

CARACAS — Argumentando falta de documentación en regla, el gobierno de Perú restringió el paso de decenas de migrantes de diversas nacionalidades, entre ellas venezolanos y haitianos, provenientes de Chile, que se encuentran varados desde hace unos 20 días en el cruce fronterizo entre ambos países a la espera de acciones humanitarias que implicarían vuelos de repatriación.

El gobierno peruano declaró “estado de emergencia” y ordenó trasladar militares a la frontera ante las tensiones que se han vivido en días recientes.

En las últimas horas se ha elevado la inquietud ante la situación de los migrantes y han comenzado a surgir pronunciamientos de instancias internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó preocupación por la situación en la frontera entre Arica y Tacna, donde se observan personas migrantes “con riesgos de protección y conflictos con autoridades policiales” y urgió a los Estados “garantizar y coordinar” asistencia humanitaria.

“Los Estados deben fortalecer la cooperación en migración internacional, especialmente ante las emergencias humanitarias. Las medidas de seguridad y de orden deben tener en cuenta los derechos humanos como la vida e integridad de las personas y familias en movilidad humana”, manifestó la CIDH el martes por la tarde en Twitter.

El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yván Gil, aseguró el fin de semana que han mantenido conversaciones con las cancillerías de Chile y Perú y que han solicitado “plenas garantías y respeto a los DDHH” de los venezolanos que se encuentran en Tacna.

“Así mismo hemos solicitado garantías para que nuestros aviones de Conviasa puedan aterrizar y despegar en la zona, así como abastecer combustible en un eventual operativo de nuestro Plan Vuelta a la Patria que nos permita regresar sanos y seguros a nuestros compatriotas”, agregó en Twitter.

Nancy Arellano, presidenta de Veneactiva, una ONG dedicada a brindar asistencia a la población de migrantes y refugiados en Perú, expone que las medidas restrictivas impuestas por el gobierno chileno han generado un proceso de “re inmigración” que, asegura, se “complica” cuando los países de origen “fallan” en dar documentación vigente a sus nacionales, casos puntuales los de Haití y Venezuela.

“Las barreras son de documentación, justamente porque estas personas no pueden tramitar ante las autoridades correspondientes los permisos para poder movilizarse y por supuesto las medidas que se han ido alzando entre los países de solicitud de visados, complejizan un proceso de migración seguro, ordenado y regular en la región”, dijo consultada por la Voz de América.

Arellano considera que han fallado plataformas de coordinación, como el Proceso de Quito que surgió para que las cancillerías pudieran coordinar y organizar los procesos de movilidad humana ante la “crisis migratoria” venezolana, pero «continúan tomándose decisiones unilaterales”.

En esa línea se pronunció Alberto Otárola, presidente del Consejo de ministros de Perú, quien aseguró que la “crisis migratoria” debe ser resuelta con la participación de “todos” los países involucrados en el fenómeno migratorio venezolano.

“Es inadmisible que nosotros sigamos admitiendo a ciudadanos ilegales. Un ciudadano venezolano puede ingresar a Perú mostrando su visa y su pasaporte”, dijo en un programa transmitido por América TV esta semana.

A juicio de Arellano, también coordinadora país de Coalición por Venezuela, Perú ha sido “responsable” al tomar medidas que favorezcan una migración “segura, ordenada y regular”, una “apuesta” que, sostiene, ha sido apoyada por el Poder Legislativo con la aprobación de la Ley de Amnistía que corrige la implementación, en marzo del 2021, de multas para aquellas personas que no actualizaran su residencia “a tiempo”.

“Se están corrigiendo varias situaciones que están permitiendo que aquellas personas que quieren tener una residencia regular en el Perú puedan optar a ello de una manera viable y que esto favorezca la formalización de la migración y la visibilización del impacto positivo de la migración en Perú y ayude a responder a las personas afectadas una campaña mediática de asociación de migración y delincuencia”, subraya.

Formalización vs grupos criminales

La presidenta de Veneactiva exhorta a los migrantes a responder con “formalidad” y a que lleven a cabo los procesos necesarios que permiten tener acceso a beneficios, lo que se convierte en una manera de combatir las redes de trata con fines de explotación laboral y sexual, que, afirma, ha aumentado de manera importante.

“Especialmente en mujeres de nacionalidad venezolana, ha crecido en más de 500% (…) es importante trabajar de manera coherente en propender a la formalidad y aprovechar el potencial productivo que hay en la migración”, precisa.

Arellano insiste en que en una región con fronteras “porosas” y con retos orientados a combatir el narcotráfico y el crimen organizado, es necesario tomar medidas para generar “pasos seguros y generar la documentación o los acuerdos que sean necesarios” para no exponer a las personas.

“Tienen que haber acuerdos, tiene que exigírsele a los Estados que emitan la documentación que permita identificar a las personas y hay que usar la tecnología hoy día para poder asegurar pasos regulares”, propone.

Un reciente informe del informe Red de Activistas de Ciudadanos por los DDHH (Redac) titulado “Huellas de la movilidad venezolana” expone que la identidad e incluso la participación en procesos electorales son algunos de los derechos de muchos migrantes y refugiados venezolanos que se ven afectados en el exterior por diversos “obstáculos” impuestos, en parte, por el Estado venezolano.

Entre las trabas enumeradas por la investigación destacan “el alto costo» del trámite de pasaportes, los dilatados tiempos de espera para obtenerlos y la imposibilidad de tramitar cédulas de identidad desde las oficinas consulares.

Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto de ACNUR y la OIM para los Refugiados y Migrantes de Venezuela, dijo en marzo que la crisis se ha “complicado” ante la movilidad de ciudadanos de otras nacionalidades y situaciones socioeconómicas que han supuesto nuevos “problemas” para los países anfitriones.

En ese sentido, precisó que los pasos irregulares son “superiores” al número de puntos de movimientos regulares, lo que “agrava” la situación de las familias que sufren mayor riesgo de ser víctimas del crimen organizado, discriminación y xenofobia.

Según la Plataforma Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), actualmente existen 7.239.953 migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, de los cuales 1,5 millones se encuentran en Perú y poco más de 444.000 en Chile.

El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha cuestionado las cifras y ha denunciado en varias ocasiones la “politización” de los organismos internacionales de la migración.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: La presidenta de Perú, Dina Boluarte, se dirige a los medios de comunicación en Lima, Perú, el 10 de febrero de 2023.

Perú vive una crisis migratoria, pues cientos de migrantes se encuentran varados en la frontera con Chile tratando de ingresar al país.

LIMA —La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo el miércoles que su gobierno aprobó decretar el estado de emergencia en zonas de frontera, lo que permitirá que policías y militares realicen operaciones en busca de frenar la migración ilegal.

El anuncio de Boluarte se produce en momentos en que cientos de migrantes -entre ellos venezolanos, colombianos y haitianos según la policía local-, se encuentran varados en la frontera con Chile tratando de ingresar al país.

El estado de emergencia comprenden las zonas fronterizas con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia y Chile, entre ellas las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Madre de Dios y Tacna, precisó la presidenta peruana.

Boluarte afirmó además en conferencia de prensa que realizó algunos cambios en su política migratoria, como permitir «en un plazo perentorio» que los ciudadanos extranjeros que ingresaron de forma ilegal o legal puedan regularizar su situación.

De acuerdo a datos oficiales, Perú alberga a 1,7 millones de extranjeros, de los cuales 1,5 millones son de Venezuela e ingresaron al país con documentos, la mayoría desde 2017 cuando el gobierno del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski otorgó un permiso temporal de permanencia a migrantes venezolanos.

Pero muchos no han regularizado sus documentos y otros miles de venezolanos -el gobierno calcula entre 300.000 y 400.000- han ingresado de forma ilegal a través de la frontera con Ecuador.

«Estas medidas nos permitirá regularizar e identificar a las personas extranjeras que se encuentran en situación irregular, así como incentivar la formalidad en el control migratorio y en el mercado laboral», dijo Boluarte en Palacio de Gobierno.

Perú se ha convertido en el segundo destino para los migrantes venezolanos después de Colombia.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Oficiales de policía peruanos operan mientras los manifestantes realizan una protesta exigiendo elecciones anticipadas y la liberación del expresidente Pedro Castillo, en Juliaca, Perú, el 8 de enero de 2023. / Foto: Reuters.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, cambios a la Constitución y la liberación del exmandatario Pedro Castillo.

LIMA/JULIACA, PERÚ — Al menos 12 personas murieron y otras 38 resultaron heridas el en la región peruana de Puno, frontera con Bolivia, informó el lunes el Ministerio de Salud del país, en una nueva ola de protestas exigiendo elecciones anticipadas y la liberación del encarcelado expresidente izquierdista Pedro Castillo.

Con ello, el número de víctimas fatales en choques con las fuerzas de seguridad aumentó a 34 desde diciembre, luego de la destitución y arresto del expresidente izquierdista Pedro Castillo, que intentó disolver de forma ilegal el Congreso.

Otras seis personas han fallecido en accidentes de tránsito vinculados a bloqueos durante protestas, según datos oficiales.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, cambio de la Constitución y la liberación de Castillo, que cumple una prisión preventiva de 18 meses acusado de «rebelión», que él exmandatario niega.

«Solicitamos a las fuerzas del orden hacer un uso legal, necesario y proporcional de la fuerza y exhortamos a @FiscaliaPeru a realizar una investigación célere que permita esclarecer los hechos», dijo la Defensoría del Pueblo por Twitter.

Fuente: Vozdeamerica.com

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El expresidente de Perú, Pedro Castillo, sentado en un auto junto a su ex primer ministro Aníbal Torres, tras salir de una estación de policía en Lima el 7 de diciembre de 2022. / Foto: Reuters.

El expresidente es acusado de haber cometido los delitos de rebelión y conspiración, que podrían llevarlo 10 años a la cárcel. En la causa también ha sido incluido su ex primer ministro Aníbal Torres, quien se encuentra prófugo de la justicia.

LIMA — La Fiscalía General de Perú solicitó el martes al Poder Judicial 18 meses de prisión preventiva para el expresidente Pedro Castillo, quien está acusado de delitos de rebelión y conspiración al tratar de cerrar el Congreso e instalar un “gobierno de excepción”.Según fuentes de la Voz de América, el fiscal supremo Uriel Terán, hizo el pedido ante el juez supremo Juan Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, quien deberá convocar a una audiencia este miércoles.

Este proceso podría ser bastante rápido porque la detención preliminar de Castillo por 10 días vence este miércoles. Por los cargos, el expresidente podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión.

En la misma causa se encuentra el ex primer ministro Aníbal Torres, quien se encuentra prófugo de la justicia tras conocer que fue denunciado por el delito de rebelión.

El martes, la defensa legal de Castillo buscó su liberación mediante un habeas corpus ante la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema. Sin embargo, el juez César San Martín declaró infundado el recurso debido a que los actos de presunta tentativa de rebelión del expresidente se dieron con «toda rotundidad» y la declaración fue pública.

Además, el magistrado agregó que existe un alto peligro de fuga por parte del exmandatario si sale en libertad.

“El investigado pretendía alejarse de la persecución penal recurriendo a la figura del derecho de asilo diplomático, cuyos primeros pasos ya había adelantado, según reconoció el presidente de México y el embajador de ese país en el Perú”, se lee en el fallo judicial.

Finalmente, el juez San Martín consideró las declaraciones de los miembros de las Fuerzas Armadas y de los ex primeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez que sindican a Castillo como la persona que tomaba las decisiones por ser alta autoridad del Estado, las cuales debían ejecutarse por su investidura.

En este caso, el cierre del parlamento y otras instituciones que, al final, no se llegaron a concretar.

Antes del fallo, Castillo tomó la palabra para denunciar que es víctima de una injusta detención. “Estoy injusta y arbitrariamente detenido, no estoy por ladrón, por violador, ni corrupto, ni matón. Nunca he cometido ningún delito de conspiración ni rebelión”, afirmó. Además, agradeció a sus seguidores que le muestran su apoyo afuera de la sede de la Dirección de Operaciones Especiales (Diroes).

“Estoy agradecido por su confianza, su esfuerzo, su lucha y su dedicación. Jamás renunciaré y abandonaré esta causa popular que me trajo acá”, agregó. “Exhortó a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional (para) que depongan las armas y dejen de atacar a este pueblo sediento de justicia”, anotó.

Ataques a Dina Boluarte

Desde la cárcel, Castillo aprovechó para enviar dos cartas a sus seguidores. La primera apuntó contra su sucesora Dina Boluarte, a quien acusó de ser la responsable de las ocho muertes que se registran en el país en las diversas protestas contra su gobierno.

“Ante los graves hechos de masacre a mi pueblo, exhorto a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas a deponer las armas a fin de parar el quebrantamiento del orden democrático y la masacre de mi pueblo. Señora Dina, mire el lugar que ocupa, la hago responsable a usted y todo su círculo que la acompaña del feroz ataque a mis compatriotas”, escribió Castillo en la misiva difundida por sus abogados.

Luego, Castillo envió otra misiva en que llama a sus seguidores a que lo acompañen este miércoles cuando sea puesto en libertad pese al pedido de prisión preventiva que deberá resolverse. “7 días en donde el pueblo peruano me ha demostrado su solidaridad y compromiso en defensa de nuestro gobierno y su futuro”, añadió.

“Mañana a las 1:42 de la tarde saldré en libertad. Los espero a todos en las afueras de la Diroes para unirme a ustedes en un gran abrazo. Atentamente. Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional de la República”, cierra la misiva.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: La gente grita y ondea banderas mientras participa en una protesta después de que el Congreso aprobara la destitución del presidente Pedro Castillo, en Lima, Perú, el 7 de diciembre de 2022. REUTERS/Alessandro Cinque

Dina Boluarte cedió a las demandas de los manifestantes y dijo que propondría al parlamento adelantar las elecciones generales para abril de 2024.

La nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte, anunció el lunes de madrugada que propondría adelantar las elecciones a 2024, después de que miles de manifestantes salieron nuevamente a las calles en distintas ciudades del país para exigir su renuncia y programar elecciones generales.

En un discurso televisado, Boluarte hizo una concesión a los manifestantes y dijo que propondría al parlamento adelantar los comicios a abril de 2024. El anuncio es un cambio drástico respecto a sus declaraciones anteriores de que debería poder cumplir los 3 años y medio del mandato de su predecesor.

“Interpretando de la manera más amplia la voluntad de la ciudadanía”, dijo la mandataria, “he decidido asumir la iniciativa para lograr un acuerdo con el Congreso de la República para adelantar las elecciones generales”.

Muchos de los manifestantes en la actual crisis política también exigen la liberación de Pedro Castillo, el presidente de izquierda que los legisladores destituyeron el miércoles después de que intentó disolver el Congreso antes de una votación para decidir si era sometido a un juicio político.

Cientos de personas se manifestaron en Lima, donde la policía usó gases lacrimógenos y en su mensaje a la nación, Boluarte declaró el estado de emergencia en zonas a las afueras de Lima donde las protestas han sido especialmente violentas.

Las protestas se intensificaron particularmente en las zonas rurales, bastiones de Castillo, un exprofesor de escuela y neófito político procedente de un distrito pobre de los Andes. Los manifestantes prendieron fuego a un cuartel de policía, causaron actos de vandalismo en un pequeño aeropuerto que es utilizado por las fuerzas armadas y marcharon por las calles.

Un chico de 15 años murió a causa de las lesiones que sufrió durante una manifestación en Andahuaylas, una comunidad andina remota, dijo la legisladora María Taipe Coronado durante un discurso desde el palacio legislativo en el que pidió la salida de Boluarte.

“La muerte de este compatriota es responsabilidad de la señora Dina por no presentar su renuncia”, acusó Taipe, quien pertenece al partido Perú Libre, que ayudó a Castillo y a Boluarte a ganar las elecciones a presidente y vicepresidente el año pasado, antes de que ambos fueran expulsados de él. ”¿Desde cuándo protestar es un delito?”

Taipe aseguró que las autoridades estaban usando duras tácticas de represión para repeler a los manifestantes. Sin embargo, se desconoce hasta el momento cómo es que el chico resultó herido. La prensa estatal reportó una segunda muerte en esa misma comunidad, pero no dio a conocer más detalles.

Anthony Gutiérrez, director de un hospital local, dijo a una estación de radio que la segunda víctima fue una persona de 18 años. Al menos 26 personas han resultado heridas, según reportes.

Las protestas dispersas en todo el país han incluido cortes de carreteras que dejaron a gente varada por horas.

El sábado en Andahuaylas, 16 personas recibieron tratamiento en un hospital por conmociones cerebrales, incluyendo una que se encontraba en estado grave.

Boluarte ha exhortado a la unidad nacional para que el país sane de la agitación más reciente. Pero muchos de los que salieron a la calle en apoyo de Castillo la tacharon de “traidora”.

“La vida de ningún peruano amerita ser sacrificada por intereses políticos”, tuiteó Boluarte horas antes de su mensaje a la nación. “Expreso mis condolencias por el fallecimiento de un ciudadano en Andahuaylas. Reitero mi invocación al diálogo y a deponer la violencia”.

En tanto, en Lima, cientos de personas se reunieron nuevamente el domingo frente al palacio legislativo. Decenas de policías con equipos antidisturbios lanzaron gases lacrimógenos contra la multitud mientras los legisladores daban comienzo a una sesión dentro del recinto. La policía también persiguió y golpeó a los manifestantes que huían del lugar en medio de nubes de gas.

Perú ha tenido seis presidentes en los últimos seis años, incluyendo tres en una sola semana en 2020, cuando el Congreso hizo gala de sus facultades de destitución.

La lucha de poderes en el país ha continuado en un momento en que la región andina y sus miles de pequeñas granjas atraviesan dificultades para sobrevivir a la peor sequía en medio siglo.

El país de más de 33 millones de habitantes también atraviesa una quinta ola de infecciones de COVID-19, luego de registrar unos 4,3 millones de casos y 217.000 muertes desde que comenzó la pandemia.

[Con información de The Associated Press]

Fuente: Vozdeamerica.com

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Minutos después de que los diputados del Congreso de Perú aprobaran la destitución del presidente Pedro Castillo, que había ordenado la disolución de la Cámara. Foto: Reuters.

Tras la destitución de Pedro Castillo se ha antepuesto la democracia a los intereses políticos de un presidente afirman analistas consultados por VOA y confían en que se abra un nuevo período para reforzar las instituciones del país.

MIAMI, EEUU — Perú ha vuelto a vivir una nueva crisis institucional y política después de que su presidente Pedro Castillo fuera destituido por el Congreso tras anunciar la disolución de la Cámara y la instauración de un “gobierno de excepción”.No solo quedó relegado de la esfera del poder político peruano, sino que terminó arrestado por las autoridades y acusado de un supuesto delito de rebelión, según confirmó la Fiscalía en horas de la tarde del miércoles.

Analistas consultados por la Voz de América coinciden al señalar que Perú ha enviado un mensaje a la comunidad internacional de que “la democracia existe” en este país y que está por encima de cualquier interés personal y político.

“El mensaje está claro: quién viole la ley y se corrompa puede terminar en la cárcel. Eso ya se sabe. Ya todos los saben, sean civiles o militares”, dijo José Elice, abogado peruano que ejerció de Ministro del Interior durante el proceso de transición entre el gobierno de Francisco Sagasti y Pedro Castillo.

En esa línea, César Candela, experto en gobierno y políticas públicas, está convencido de que con la destitución y arresto de Castillo se ha “comprobado que los dictadores terminan presos y terminan mal”.

Castillo, un presidente investigado por la justicia

Además, recalca que el mandatario destituido ya tenía “seis expedientes de investigación” en los que, “en más de un caso”, se le designaba como “cabeza de organizaciones criminales”.

“Es decir, que ha estado al frente de toda una estructura que se ha dedicado a delinquir dentro del aparato estatal”, dice. Agrega que “ha habido lamentablemente muchos momentos en los que se han infringido los protocolos y procedimientos que han violado la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”.

Este contexto, según Elice, ha provocado “un proceso de debilitamiento institucional sostenido” y “eso se refleja también en un Parlamento que suele ser cada vez más inestable”.

“El nivel de inestabilidad era aterrador. Y se fue poniendo en evidencia aquello que sospechábamos: que había personas con cargos de gobierno que merecían un proceso penal y eventualmente una sanción bastante severa por su conducta”, justifica el abogado, que durante muchos años trabajó en el Congreso peruano.

“Él mismo se condenó”

Con todo, César Candela celebra que las Fuerzas Armadas peruanas rechazaran los planes de Pedro Castillo señalando que “no respaldaban la alteración del orden constitucional”, tal y como confirmaron en un comunicado.

“La Constitución Política ha permitido que rápidamente se ordene esta alteración del orden institucional y se retome rápidamente el orden constitucional para que todo siga felizmente en una actividad normal de nuestra sociedad”, indicó Candela convencido de que “esa es la situación en Perú en estos momentos”.

Y es que, según cuenta Elice, Castillo “disolvió el Congreso violando varios artículos de la Constitución de forma directa”, lo que dio pie a que las autoridades actuaran de inmediato.

“Él mismo se condenó”, afirma. “En la mañana del miércoles hubo mucho sobresalto, pero quienes conocemos las reglas y el sistema sabíamos que es un movimiento torpe porque en el Perú cualquier acto presidencial que no tenga refrendo o apoyo ministerial es nulo”, aclara sobre esta cuestión.

“Sin embargo, él salió, no avisó a sus ministros y ellos empezaron a renunciar en masa después de su discurso. Además, dictó o pretendió dictar unas medidas muy fuertes para el control del orden público”, añadía sobre los movimientos de Castillo que lo llevaron a ser detenido por las autoridades peruanas.

El Artículo 46 que da poder al pueblo peruano

Sobre eso, Elice menciona el Artículo 46 de la Constitución “que habilita al pueblo a la insurgencia legal y constitucional en caso de que el poder sea tomado de manera irregular”, una medida legal a través de la cual se pueden amparar los peruanos.

“Establece, entre otras cosas, que nadie debe obediencia a un gobierno usurpador y además, que todos los actos que se originen en una usurpación de este tipo son nulos”, dice.

La formación del nuevo gobierno

Tras los momentos convulsos que se vivieron en Perú en la tarde del miércoles, la vicepresidenta Dina Boluarte se convirtió en la primera mujer en ocupar el puesto presidencial de la República peruana.

Lo hace de acuerdo con el artículo de sucesión presidencial, según explica José Elice. “Si el presidente es sacado (del poder), asume la primera o el primer vicepresidente. Si no, pasa al segundo vicepresidente. Y en defecto de los dos, asume quién preside el Congreso de la República, que debe convocar de inmediato a elecciones”, expone el abogado peruano subrayando que “las reglas de sucesión son clarísimas y que no hay ninguna duda al respecto”.

Sobre la llegada de Boluarte al poder, los analistas creen que las expectativas son muy altas, más teniendo en cuenta que el compromiso que adoptó minutos después de asumir el nuevo rol dentro del gobierno peruano.

“Ha dicho que va a gobernar con todas las fuerzas democráticas y espero, por el bien del país, que así sea, para darle tranquilidad”, dijo el asesor presidencial.

Hasta el momento, poco se sabe de las personas que estarán en su gabinete de Gobierno, pero se espera que se anuncie en pocos días. “Ella debería designar al presidente del Consejo de Ministros en estos días para que, junto con él, terminen de designar el gabinete cuanto antes y terminar así el año tranquilos”, dice asegurando que para muchos peruanos “no ha habido mejor regalo navideño” que la destitución de Castillo.

La popularidad de Castillo en mínimos

Y es que varios informes publicados en las últimas semanas revelaron que una gran parte de la población peruana desaprobaba la gestión de Pedro Castillo al frente del gobierno. Una encuesta realizada por Datum encontró que el 71 % de los peruanos desaprobaba a Castillo, lo que suponía dos puntos más que en noviembre.

“Él apelaba mucho el ser campesino y maestro. Pero acá no se trata de que sea un ingeniero, astronauta, abogado o economista. Sino que cualquier peruano de buena intención, que no se siente en la capacidad de conducir el destino de 30 millones de peruanos, simplemente tenga la humildad para decir que necesita ayuda”, comenta Candela, que conoce de primera mano la situación política en Perú.

Es la misma opinión compartida por Elice, al considerar que se ha demostrado que “quien es ineficiente, se tiene que atener a los mecanismos y finalmente se van”. “Quien simplemente no muestra competencia para el gobierno o para el ejercicio de cualquier otro cargo, pues por incompetente se va” insistía diciendo que “Perú lo que quiere es paz, seguridad jurídica, libertad para trabajar, para invertir y que se respeten los derechos”.

Fernando Llanos, periodista político peruano que trabaja en América Noticias (Perú), asegura que “hay muy pocos partidarios de Castillo”, incluso en el Congreso del país. “Salvo la facción más radical de defensa de Castillo, seis congresistas, nadie aprobó lo que hizo Castillo”, decía.

¿Qué esperar de la nueva presidenta de Perú, Dina Boluarte?

Ahora, con Boluarte en la presidencia de Perú, deberían impulsarse nuevos planes que permitieran el desarrollo económico y la estabilidad política en el país, a tenor de las opiniones de los expertos consultados por VOA.

En opinión de Candela, uno de los retos más importantes a los que deberá hacer frente Boluarte será la alta inflación que se registra en el país a consecuencia de la crisis energética por la guerra rusa en Ucrania. También considera que se deben establecer unas bases económicas fuertes con el objetivo de asegurar el desarrollo en el país. “Perú tiene un gran potencial de desarrollo y creo que en vez de estar enfrentando un clima político convulsionado, deberíamos estar en vitrina y decirle al mundo que estamos aquí para generar crecimiento y desarrollo”, sostiene.

Por su parte, Elice, afirma que la nueva presidenta debería enfocarse en los efectos negativos que ha dejado la pandemia del coronavirus. “Lo puedo decir con claridad porque fui parte del gobierno de transición que tuvo que enfrentar directamente la pandemia en su peor momento”, explica.

A pesar de que en Perú “ya se sabía que había carencias en las infraestructuras sanitarias”, la crisis del coronavirus “demostró cuán mal estábamos y cuál es nuestro potencial para mejorar esos”.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: Expresidente Alejandro Toledo / Foto: weforum.org / Daniel Ammann

El dinero está relacionado con sobornos recibidos por Toledo de la constructora brasileña Odebrecht para contratos de una carretera entre Brasil y Perú.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el miércoles la devolución a Perú unos 686.000 dólares confiscados de fondos criminales relacionados con un caso de corrupción y soborno del expresidente Alejandro Toledo por el conglomerado de construcción brasileño Odebrecht.

Los fondos, recuperados en una demanda en una corte de distrito en Nueva York, estaban depositados en una cuenta de Bank Of America bajo el beneficiario The Havenell Trust y fueron rastreados a un caso relacionado.

Estados Unidos alegó que Toledo, que gobernó en Perú de 2001 a 2006, solicitó millones de dólares de sobornos a Odebrecht para asignar contratos para una carretera entre Perú y Brasil llamada Autopista Interoceánica del Sur, dice el comunicado.

Odebrecht hizo los pagos a Toledo por medio de cuentas mantenidas por los conspiradores del presidente. Una cantidad de aproximadamente 1,2 millones de dólares fue utilizada por Toledo y su familia para adquirir propiedades en Maryland bajo un esquema concebido para ocultar la identidad de Toledo y la relación con Odebrecht.

Los fondos confiscados representan los ingresos de la venta de la propiedad en Maryland, un dinero previamente lavado por medio de un trust y una cuenta de banco controlada por Toledo, explicó el Departamento de Justicia.

Según la nota, el FBI investigó los casos que llevaron a la confiscación de los fondos y el gobierno peruano aportó una extensa asistencia.

“Este caso es un ejemplo importante de la cooperación internacional necesaria para abordar la corrupción en el exterior en que los fondos ilícitos son traídos a Estados Unidos”, dijo Kenneth Polite, Jr., fiscal asistente de la División Criminal del Departamento de Justicia.

Agregó que “el departamento está comprometido en hacer su parte para recuperar y repatriar esos fondos procedentes de la corrupción en lo que sea apropiado”.

Por su parte, el abogado de EEUU del Distrito Este de Nueva York Breon Peace, señaló que “las confiscaciones civiles juegan un papel principal para privar a los criminales de sus ganancias ilícitas, independientemente de su categoría y a pesar de sus esfuerzos para ocultar los delitos cometidos en el exterior”.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: El presidente de Perú, Pedro Castillo, saluda junto a su vicepresidenta, Dina Boluarte, luego de recibir las credenciales de la autoridad electoral, en Lima, Perú, el 23 de julio de 2021./Foto: Reuters.

El presidente Pedro Castillo habría liderado una red para direccionar obras públicas en su ciudad natal Cajamarca. Su cuñada se entregó a la justicia por este caso.

LIMA — El Ministerio Público ha identificado que el presidente izquierdista Pedro Castillo sería el jefe de una nueva organización criminal que habría direccionado obras públicas en su ciudad natal Cajamarca desde el año pasado. En la trama de corrupción, además, están incluidos un ministro de su gestión, un alcalde y los hermanos de su esposa, Lilia Paredes.

En julio, el programa dominical «Cuarto Poder» difundió un video de Yenifer Paredes, cuñada de Castillo, ofreciendo obras de saneamiento en una comunidad de Chadín, distrito de Cajamarca, en septiembre de 2021. En el material audiovisual, ella estaba acompañada de los empresarios Hugo y Anggi Espino, quienes realizaron los proyectos. Por esta razón, la fiscalía abrió una pesquisa contra estas personas por el presunto delito de tráfico de influencias.

Sin embargo, la investigación de los fiscales también incluyó a José Nenil Medina, alcalde del distrito cajamarquino de Anguía; Walter y David Paredes Navarro, hermanos de la primera dama; y el ministro de Transportes, Geiner Alvarado. Estas personas, según el Ministerio Público, formaron parte de una red criminal cuyo cabecilla sería el presidente Castillo.

El Poder Judicial autorizó a un grupo de fiscales y de la policía peruana a detener por 10 días a todos los involucrados, salvo Castillo y su ministro Alvarado por tener inmunidad presidencial y ministerial. En la tarde del miércoles, Yenifer Paredes, la cuñada del presidente, recién se entregó a la justicia tras no haber sido encontrada por las autoridades en Palacio de Gobierno y en su casa de Cajamarca.

«Hoy Palacio de Gobierno y la Casa presidencial una vez más han sido violentados con un allanamiento ilegal avalado por un juez, coincidentemente cuando se está solicitando el pedido de mi inhabilitación por cinco años para arrebatarle al pueblo peruano su legítimo Gobierno», aseguró Castillo durante una actividad pública en la sede presidencial.

«Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional», agregó.

La fiscalía indaga a Castillo por los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional en noviembre del año pasado. También por un presunto favorecimiento a una empresa para lograr un contrato con la petrolera del Estado peruano y por el supuesto plagio en su tesis de maestría. Otra investigación en curso alude a la licitación de un puente en la selva del país.

Más recientemente, la fiscalía investiga por un «presunto encubrimiento» para no atrapar a los prófugos de su gobierno, entre ellos a Bruno Pacheco, quien fue secretario personal de Castillo.

Por otro lado, en el Congreso se presentó este lunes un informe que recomienda inhabilitar y procesar política y penalmente a Castillo, alegando que incurrió en traición a la patria al considerar un posible referendo popular sobre otorgar una salida al mar a Bolivia.

Inestabilidad política

El viernes pasado, el presidente decidió nombrar a seis nuevos ministros y mantuvo al primer ministro Aníbal Torres, quien a mitad de semana había presentado su renuncia.

Los cambios principales se produjeron en las carteras de Economía y Relaciones Exteriores. El nuevo ministro de Economía es Kurt Burneo, quien ocupó cargos como viceministro de Hacienda, ministro de la Producción durante el gobierno de Ollanta Humala y director del Banco Central de Reserva de Perú y del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington.

Por su parte, Castillo designó al internacionalista Miguel Rodríguez Mackay, quien fue parte de la campaña de desinformación que aseguraba que hubo fraude en las últimas elecciones generales en diversas columnas de opinión publicadas en el diario Correo, como nuevo canciller.

Rodríguez Mackay, contrario al Acuerdo de Escazú sobre el acceso a la información, ha reemplazado al jurista y exmagistrado del Tribunal Constitucional César Landa, quien en 2021 fue el candidato de Perú a ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Asimismo, los embajadores Manuel Rodríguez Cuadros y Harold Forsyth renunciaron a sus cargos como representantes permanentes del Perú ante las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA), respectivamente.

En su cuenta de Twitter, Harold Forsyth señaló que su decisión se debe a «discrepancias con algunas decisiones recientes».

Recientes encuestas del Instituto de Estudios Peruanos y Datum Internacional publicaron que la gestión de Castillo, acorralado por la justicia y la inestabilidad política, tiene una desaprobación que supera el 70%.

Fuente: Vozdeamerica.com

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