ARCHIVO: El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, asiste a una reunión de dos días con representantes del grupo ALBA en el Palacio de la Revolución en La Habana, Cuba, el 14 de diciembre de 2021. Alberto Roque/Pool vía REUTERS//File Photo

El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo que la liberación de 135 presos políticos en Nicaragua se dio gracias a la gestión del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

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ARCHIVO: El presidente de Nicaragua, y su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo, en rueda de prensa el 9 de febrero de 2023. [Foto: Presidencia]

Más de 300 personas han sido despojadas de su nacionalidad en Nicaragua. ¿En qué consiste esta medida? ¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

San José, Costa Rica — Los apátridas en Nicaragua podrían aumentar luego de que a inicios de este año la Asamblea Nacional dominada por el oficialismo ratificara una reforma constitucional que permite al sistema judicial despojar de la nacionalidad a las personas sentenciadas judicialmente como “traidoras a la patria», cargos que han sido usados con frecuencia contra los opositores al gobierno de Daniel Ortega.

En 2023, el gobierno nicaragüense despojó de la nacionalidad a 316 opositores, entre ellos aspirantes a la presidencia, analistas, estudiantes, periodistas y miembros de la sociedad civil. Primero fueron despojados 222 de opositores excarcelados, como Samantha Jirón, una joven de 23 años. Luego les siguieron otros 94. «Nunca imaginé que iba a ser declarada apátrida. Es una locura», dijo Jirón a la Voz de América.

La medida fue considerada ilegítima, tanto por la oposición como por parte de instituciones internacionales y gobiernos extranjeros, ya que cuando se aplicó no existía una sanción de esa magnitud.

Con la reforma aplicada por el Congreso, quedaría a discreción de un juez la decisión de considerar “traidor de la patria” a una persona crítica a Daniel Ortega, explica a la VOA el exdiputado nicaragüense y jurista Eliseo Núñez.

«La reforma deja clara la voluntad del régimen de Ortega de mantenerse al margen del derecho internacional», dice Núñez al respecto.

El artículo reformado en Nicaragua es el 21 de la Constitución Política que establece que «quienes traicionen a la Patria pierden la nacionalidad».

El exdiputado Núñez recuerda que Nicaragua ha firmado convenios relacionados a los apátridas y menciona que los tratados “una vez firmados son limitantes de soberanía”. En 2013 la Asamblea Nacional de Nicaragua firmó un decreto de adhesión a la Convención para Reducir los Casos de Apátridas al cual aún pertenece.

«Se deben repudiar estos actos de manera contundente»: expresidente de Costa Rica

Tras la declaración de «apátrida» de los más de 300 opositores el año pasado, diversos países, como Chile y España, ofrecieron la nacionalidad a muchos de ellos.

«Estoy emocionada de sentir nuevamente esa libertad de tener esos derechos que tiene cualquier persona», dijo Jirón a la VOA luego de recibir su nacionalidad española.

Pero una medida de esta magnitud contra quienes critiquen a un gobierno, debe también tener una respuesta a la altura, señalan expertos. Luis Guillermo Solis, expresidente de Costa Rica y politólogo, dice que estas decisiones de dejar sin patria a los críticos de un gobierno u otro «deben rechazarse de manera contundente» y se debe ofrecer apoyo a los afectados.

«Dejar apátridas a las personas no solamente es repudiable, sino muestra la naturaleza malvada de ese régimen. Han demostrado que pueden ir más allá de matar. Es una dictadura que mata cuando tiene que matar, pero además intimida», dijo a la VOA el expresidente Solís.

Mientras que Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch menciona que en la región, solo el chileno Augusto Pinochet “había despojado a personas de su nacionalidad”, a sus críticos. Pero ahora Nicaragua replica esta acción y ahora «cualquier crítica u oposición es violentamente reprimida ”, concluyó Goebertus.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Rolando Álvarez es el obispo de la diócesis de Matagalpa, al norte de Nicaragua. / Foto: Reuters.

El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua confirmó la información por medio de un comunicado de prensa.

Ciudad de Guatemala — El gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua excarceló al obispo Rolando Álvarez, luego de mantenerlo en una cárcel de máxima seguridad durante más de un año, y lo ha expulsado al Vaticano junto a 18 religiosos más, según un comunicado oficial publicado este domingo.

La salida de los religiosos se concretó gracias a “coordinaciones discretas” entre el Vaticano y Managua, dijo la nota.

“Ellos (los religiosos) han sido ya recibidos por autoridades vaticanas. Reconocemos las posibilidades del dialogo franco, directo, prudente y muy serio”, agregó.

En la lista de excarcelados, la cual fue dada a conocer por el gobierno, figuran dos Obispos, 15 sacerdotes y dos seminaristas” que se encontraban en prisión.

La excarcelación de Álvarez, convertido en un icono en Nicaragua por haberse negado en dos ocasiones a salir del país, tiene lugar a menos de un mes de que el gobierno de Estados Unidos inició una campaña para exigir su liberación.

El papa Francisco se declaró a principios de año a favor de un diálogo con Nicaragua para la liberación de los religiosos.

El gobierno de Ortega dijo al respecto que mantuvo comunicación con la Secretaría de Estado de la Santa Sede, y con su titular, Pietro Parolin.

La lista de los religiosos excarcelados es la siguiente:

1. Obispo Rolando Álvarez

2. Obispo Isidro del Carmen Mora

3. Oscar José Escoto

4. Jader Danilo Guido

5. Pablo Villafranca

6. Carlos Avilés

7. Hector Treminio

8. Marcos Diaz

9. Fernando Calero

10. Silvio Fonseca

11. Mikel Monterrey

12. Raúl Zamora

13. Miguel Mantica

14. Jhader Hernández

15. Gerardo Rodríguez

16. Ismael Serrano

17. José Sandino

18. Tonny Palacio

19. Alester Sáenz

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO: El líder norcoreano, Kim Jong Un, durante un discurso en Pyongyang en una fecha no aclarada. Foto de la agencia de prensa norcoreana KCNA distribuida por Reuters.

Corea del Norte también enviará a un representante a Managua, informaron las autoridades nicaragüenses.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — El gobierno de Nicaragua anunció que abrirá una embajada en Corea del Norte y en reciprocidad, dicha nación también dispondrá de un representante en Managua, informó la vocera de la nación, Rosario Murillo, quien dijo que con esto se busca fortalecer “relaciones que son de décadas”.

«Estuvimos reunidos con el embajador o representante del hermano Kim Jong-un, quien nos mandó un hermoso mensaje también, y asumimos el compromiso de abrir embajadas”, dijo Murillo en una intervención pública ante medios oficialistas.

La vicemandataria, que se encuentra sancionada por Estados Unidos, que la acusa de violar los derechos humanos, dijo que Managua ya entregó la solicitud de plácet de la persona que será embajador residente en Pionyang.

“Vamos a trabajar juntos para que esas representaciones políticas, sociales, culturales, diplomáticas, fortalezcan nuestras relaciones que son de décadas”, sentenció la segunda al mando en Nicaragua.

Nicaragua enfrenta una crisis política desde el año 2018 que surgieron las protestas contra el presidente Daniel Ortega.

Las protestas que fueron reprimidas dejando más de 300 muertos, hicieron que la comunidad internacional criticara al mandatario, por lo cual Ortega tomó distancia de varios gobiernos de la región.

Por ejemplo, respecto a Washington, que ha impuesto numerosas sanciones contra Managua, el gobierno nicaragüense retiró el plácet que había otorgado al diplomático Hugo Rodríguez, nominado del presidente Joe Biden como su representante en el país centroamericano.

Ortega también ha expulsado de Nicaragua a otros diplomáticos como el enviado del Vaticano en Managua, el polaco Waldemar Stanislaw Sommmertag.

Managua es aliada de Pionyang desde que los sandinistas tomaron el poder en 1979, tras deponer por las armas al dictador Anastasio Somoza.

Medios internacionales como The New York Times reportan que en ese tiempo, el ministro de Defensa Huberto Ortega buscaba comprar armas en Corea del Norte, debido al aumento de los rebeldes respaldados por Estados Unidos.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO – Policías antimotines resguardan la sede de la Asamblea Nacional de Nicaragua en 2021. [Foto: Houston Castillo, VOA]

La Asamblea Nacional de Nicaragua también reformó en primera legislatura el artículo 97 de la Constitución Política que establece que la Policía Nacional “es apartidista y apolítica”.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — El Parlamento de Nicaragua aprobó este miércoles una reforma a la Ley Orgánica de la Policía Nacional que establece sanciones penales a los miembros de este cuerpo que abandonen la institución alegando “que incurren en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana”.

Por desertar en Nicaragua los policías podrán enfrentar entre 2 y 3 años de prisión, según la reforma que fue aprobada de manera unánime con 92 votos a favor y ninguno en contra; mientras que por incumplir en sus deberes, podrían ser sancionados entre 6 meses y dos años de cárcel.

Por otro lado, la Asamblea Nacional reformó en primera legislatura el artículo 97 de la Constitución Política de Nicaragua que establece que la Policía Nacional “es apartidista y apolítica”.

Con la reforma constitucional que deberá ser ratificada el próximo año en una segunda legislatura, se suprimiría el apartidismo policial y se subyugaría la institución armada al presidente Daniel Ortega.

“Probablemente se va a oír, una alharaca de que se le quitó la naturaleza civil a la policía, de que se le quitó lo que es apartidista o apolítica, como que si esas cosas son las que determinan el actuar”, dijo a los medios afines a Ortega el diputado oficialista Edwin Castro, sancionado por Estados Unidos por violación a los derechos humanos.

Según Castro, “lo más importante” es que se reafirma que “la policía además de cuidar y preservar el orden interno, también preserva el orden social y, además, preserva -quizá lo más importante- la vida de los ciudadanos, sus bienes y los de las instituciones y sociales”.

“Es un distractor el estar discutiendo que si es apartidista o apolítica, cuando la Policía tiene que tener la fuerza suficiente para proteger los bienes sociales, para proteger la vida de los nicaragüenses y los bienes del Estado, y por consiguiente los bienes particulares de los nicaragüenses. El mejor ejemplo que pudimos tener fue en el desgraciado intento fallido de golpe de Estado”, aseguró Castro en relación a las protestas contra Ortega en el año 2018.

Ortega centralizará todo el poder, dice experta

Elvira Cuadras, directora del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM), comentó a la Voz de América que las reformas buscan implementar “una institucionalización del sistema policial” en Nicaragua.

“Estas reformas a la Constitución y a la Ley de Policía Nacional se enmarcan en cambios del marco jurídico que busca que este cuerpo armado sea proclive a las disposiciones que emanan de la presidencia sin objeción alguna», indica al respecto Cuadras. «Las decisiones estarán centralizadas al ejecutivo».

Por su parte el exdiplomático nicaragüense Arturo McFields subrayó en Twitter que las reformas evidencian que «Ortega tiene pánico a una rebelión en la granja».

«Las reformas a la Constitución y a Ley de la Policía buscan concentrar el poder, debilitar la institucionalidad y recrudecer la represión. La lealtad de la policía es volátil y voluble. Ortega lo sabe y tiene miedo», escribió.

Desde la llegada al poder en Nicaragua del presidente Daniel Ortega en 2007 a la fecha casi se duplicó la cifra de oficiales que conforman las filas de la Policía Nacional, según datos oficiales publicados en los Anuarios Estadísticos de la institución.

Sin embargo, la percepción ciudadana de seguridad disminuyó, de acuerdo a los analistas consultados, quienes argumentan que las fuerzas policiales han sido utilizadas con el único fin de afianzar el poder de Ortega. Actualmente la institución está catalogada como “el brazo represor” del gobierno por lo cual fue sancionada por Estados Unidos.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Jalapa, Nicaragua. 10-Mayo-2022. Migrantes cruzan la frontera de Nicaragua y Honduras. Oscar Navarrete/ LA PRENSA.

Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, dice que el éxodo migratorio es «algo nunca antes visto».

SAN JOSÉ, COSTA RICA — Más de 605.000 nicaragüenses han abandonado su país debido a la crisis política iniciada hace cinco años, reveló el martes un informe del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. Los países que han sido los principales receptores de esta migración son Estados Unidos y Costa Rica, indica el informe.

El organismo, conformado por abogados nicaragüenses exiliados en Costa Rica, detalló que los países que han sido tradicionalmente un destino para los solicitantes de asilo «han hecho más restrictivas sus políticas migratorias» y citan el Título 8, una medida migratoria que sanciona el ingreso irregular a EEUU a través de la frontera.

El abogado Gonzalo Carrión dijo a la Voz de América que se trata del «peor éxodo migratorio» en la historia de Nicaragua.

El informe subrayó que durante el 2022 «hubo un estrepitoso aumento» del desplazamiento «forzado» de nicaragüenses, con un 237.27% más que en 2021.

Braulio Abarca, también miembro del Colectivo de Derechos Humanos, indicó que la mayoría de las personas que han salido de Nicaragua son jóvenes.

«Es una fuga de cerebros que estamos viendo. La mayoría de las personas que emigran son jóvenes», subrayó.

Fuente: Vozdeamerica.com

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El presidente Daniel Ortega recibió con honores al mandatario de la República Islámica de Irán, Ebrahim Raisi, quien llegó al país este martes 13 de junio. Foto: Presidencia

Ortega aprovechó la visita del presidente de Irán para atacar a Estados Unidos y dijo, sin mostrar pruebas, que con el paso de los años Washington ha buscado tomar el control de Nicaragua.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — El presidente iraní, Ebrahim Raisi, dijo este martes durante su visita a Nicaragua que buscará «profundizar sus relaciones económicas, políticas, culturales y en todos sus ámbitos».

Raisi fue recibido por Ortega en Nicaragua proveniente de Venezuela, pero a diferencia de la reunión en Caracas donde se firmaron 25 acuerdos de cooperación, en Managua la visita se quedó únicamente en un discurso público.

“Nuestras relaciones no son relaciones habituales tradicionales, son relaciones completamente estratégicas, nosotros queremos incrementar y profundizar nuestras relaciones en todas las áreas políticas, económicas, culturales y en todos sus ámbitos, sobre todo en materia de ciencia y tecnología”, dijo el mandatario iraní sin agregar más detalles.

Ortega por su parte arengó contra Estados Unidos y dijo que Nicaragua «ha sido un país agredido como ninguno en América Latina» por tropas norteamericanas que según él buscaban tomar el control del país.

«Yo le comentaba al presidente de Irán, que Nicaragua realmente ha sido un país agredido como ninguno en América Latina y el Caribe, por invasiones de tropas norteamericanas, del Ejército de Estados Unidos, siempre buscando cómo dominar Nicaragua… Han pasado los años y con el paso de los años Estados Unidos más bien se lanzaron con mayor voracidad contra Nicaragua. ¿Y qué es lo que ellos buscan? El control de Nicaragua», espetó Ortega.

«Hermanamiento de dictaduras»

Organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional han señalado a ambos gobiernos como brutales dictaduras que violan los derechos humanos, lo que ha llevado a democracias como Estados Unidos y los países de la Unión Europea a imponer sanciones contra ambos regímenes.

Y a esa crítica se han sumado organizaciones nicaragüenses como el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más que indicó que la visita del mandatario iraní «no representa algún tipo de beneficio para el pueblo» sino que «es más bien, estrechar esos lazos e incrementar la narrativa existente actual que es de decir que en Nicaragua no existe una demanda del pueblo por justicia, por libertad y por democracia».

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO. El cardenal de Managua, Leopoldo Brenes oficia una misa en la capital el miércoles de la Semana Santa. Foto: Voz de América

La Policía Nacional de Nicaragua indicó que se trata de actividad ilícita en el manejo de fondos y recursos en cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria.

SAN JOSÉ, COSTA RICA — El gobierno de Daniel Ortega confirmó el sábado el cierre de cuentas bancarias de varias diócesis en Nicaragua por supuesta malversación de fondos como parte de una red de lavado de dinero.

A través de un comunicado de la Policía Nacional de Nicaragua, las autoridades encontraron «centenares de miles de dólares, escondidos en bolsas, ubicadas en instalaciones pertenecientes a la diócesis del país».

Según el comunicado, las investigaciones realizadas en los últimos días, confirmaron la sustracción «ilegal» de recursos de cuentas bancarias que habían sido congeladas, así como otros delitos que todavía están siendo investigados. Al parecer se trataría del manejo de fondos y recursos de cuentas bancarias que habían pertenecido a personas condenadas por traición a la patria.

«La Fiscalía General de la República, la Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero han confirmado movimientos delictivos con fondos que para la diócesis han ingresado irregularmente al país y se investigan y se han abierto procesos por todos estos delitos», señala el comunicado de la policía.

Por su parte, la abogada e investigadora Martha Patricia Molina, que recopila los ataques contra sacerdotes en el país y que recientemente fue citada en un informe del Departamento de Estado sobre los ataques a la Iglesia católica, subrayó que esta medida se da tras la detención esta semana de dos sacerdotes al norte del país que están siendo investigados por las autoridades policiales por haber dirigido una organización religiosa que fue clausurada.

A criterio de la abogada, el gobierno de Ortega busca «una asfixia sin precedentes» en contra de la Iglesia católica, a la cual el mandatario ha tildado de ser «golpista» por albergar en sus templos a manifestantes antigubernamentales en el año 2018.

«Ortega y su esposa Rosario Murillo tienen una guerra declarada en contra de la Iglesia católica”, agregó.

Un sacerdote que pidió no ser identificado por temor a represalias señaló que hasta el momento se tiene confirmado que la suspensión de cuentas bancarias abarca a Managua —capital de Nicaragua— y a las Diócesis de Matagalpa y Estelí, al norte del país, las cuales estaban administradas por el obispo Rolando Álvarez, encarcelado por la administración de Ortega y sentenciado a 26 años de prisión.

“La intención es acabar con la Iglesia”, lamentó el religioso.

Medios locales como Confidencial, dirigido por el periodista Carlos Fernando Chamorro indican que la suspensión de cuentas bancarias se extendió a todas las iglesias del país.

El gobierno de Ortega no se había pronunciado al respecto hasta el comunicado de la Policía Nacional; el cardenal nicaragüense Leopoldo Brenes declinó a una solicitud de comentarios realizada por la VOA.

Como se explica en el comunicado, la Superintendencia de Bancos ha solicitado a la Conferencia Episcopal de Nicaragua y al cardenal Brenes «la presentación de los documentos que muestren los movimientos de las cuentas bancarias de la diócesis de manera que se cumpla en todo momento con las leyes del país, evitando los actos ilícitos que se han venido cometiendo».

Fuente: Vozdeamerica.com

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De izquierda a derecha los sacerdotes: Leonardo Guevara Gutiérrez, Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Jaime Montesino. El último fue detenido mientras los otros dos están siendo investigados. Cortesía.

Organizaciones denuncian una nueva «ola de persecución» del gobierno de Daniel Ortega en contra de la Iglesia católica, a la que señala de ser «una dictadura perfecta».

SAN JOSÉ, COSTA RICA — La policía nicaragüense informó el jueves sobre la detención del sacerdote Jaime Iván Montesinos Sauceda, párroco de la Iglesia Juan Pablo Segundo, ubicada en Matagalpa, al norte del país.

En un comunicado, la entidad subrayó que el religioso, de 61 años, fue arrestado cuando se desplazaba en una camioneta al interior del país tras ser acusado de “cometer actos que menoscaban la independencia de la nación”, un delito contemplado en la Ley 1055.

La policía, dirigida por Francisco Díaz, consuegro del presidente Daniel Ortega, indicó que se realizarán “las diligencias investigativas” y remitirán al religioso a las autoridades competentes para su enjuiciamiento.

Montesinos Sauceda es el tercer párroco al que el gobierno de Ortega abre investigaciones en solo una semana.

Los sacerdotes Eugenio Rodríguez Benavídez, párroco de la Iglesia Divina Providencia, y Leonardo Guevara Gutiérrez, de la iglesia Catedral de Estelí, también están siendo investigados por las autoridades por la administración de una oenegé clausurada recientemente.

La Iglesia católica informó que ambos sacerdotes fueron «requeridos» por la Policía Nacional los días 20 y 22 de mayo, respectivamente.

Denuncian una «feroz persecución» contra la Iglesia católica

La detención de los religiosos se da en un contexto donde organismos de derechos humanos denuncian «una feroz persecución» del gobierno de Ortega contra de los sacerdotes, a los que ha tildado de «golpistas» por albergar a manifestantes en los templos en 2018.

Ortega también ha arremetido contra el papa Francisco y la Iglesia católica al llamarla «una dictadura perfecta».

Fuente: Vozdeamerica.com

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Una mujer en Managua reza por el obispo Rolando Álvarez, condenado a más de 26 años de cárcel por la justicia nicaragüense.

Según el último informe de Libertad Religiosa del Departamento de Estado, el gobierno de Daniel Ortega determinó detenciones, exilios y agresiones contra sacerdotes y obispos, y los acusó de «criminales y golpistas».

SAN JOSÉ — El gobierno de Nicaragua “intensificó su campaña contra la Iglesia católica”, concluye el informe de Libertad Religiosa 2022 del gobierno de Estados Unidos, divulgado el lunes y que anualmente repasa la situación que viven los creyentes en más de 200 países en el mundo.

Según el informe, aunque la constitución política de Nicaragua prohíbe la discriminación basada en la religión, “a lo largo del año, el presidente Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo ordenaron la detención, exilio y agresiones verbales en contra de sacerdotes y obispos tildándolos de criminales y golpistas”.

También se destaca el arresto del obispo Rolando Álvarez, detenido el 19 de agosto del año pasado junto a cinco miembros del clero y un laico. También menciona que al menos 55 sacerdotes nicaragüenses se han visto obligados al exilio y que tanto el clero como los fieles católicos continuaron sufriendo el acoso del gobierno, “incluyendo calumnias e investigaciones arbitrarias”.

El secretario de Estado, Antony Blinken dijo al respecto que los defensores de los derechos humanos están haciendo sonar la alarma sobre los ataques a la Iglesia Católica por parte del régimen Ortega-Murillo en Nicaragua.

“Uno de los detenidos injustamente fue Rolando Álvarez, un obispo que criticó la represión del régimen contra las libertades civiles y religiosas y que fue inmediatamente etiquetado como ‘traidor a la patria’ y sentenciado a 26 años de cárcel”, indicó Blinken durante la presentación del informe en rueda de prensa.

Asimismo, el jefe de la cartera de exteriores estadounidense subrayó una investigación realizada por la abogada Martha Patricia Molina, en la que expuso más de 160 ataques contra la iglesia y sus miembros en 2022, desde profanaciones hasta arrestos arbitrarios.

Actividades religiosas suspendidas y espionaje en templos

El informe detalla que en Nicaragua durante los oficios religiosos en los templos, actores a favor del gobierno de Ortega “asistían para monitorear los sermones, impidiendo que se llevaron a cabo algunos servicios debido a la intimidación”.

También que se canceló el funcionamiento de las Misioneras de la Caridad fundada por la Madre Teresa de Calcuta.

De igual forma se detalla las prohibiciones de celebraciones religiosas. «Varias parroquias católicas informaron que no celebraban las peregrinaciones tradicionales de los santos patronos locales y otras procesiones religiosas en sus comunidades porque las autoridades no les otorgaron los permisos necesarios para usar las calles públicas», indica el informe.

Por ejemplo en agosto, la policía citó la “seguridad interna” como justificación para negar la autorización de una procesión en Managua en honor a Nuestra Señora de Fátima.

Avances en otro países

De acuerdo con el informe 2022, el año pasado se vio «un progreso real en algunas partes del mundo en la expansión de la libertad religiosa a medida que las personas exigían sus derechos».

Los legisladores de Brasil, por ejemplo, codificaron las garantías de libertad religiosa para las comunidades indígenas afrobrasileñas a nivel municipal y estatal en todo el país. También aprobaron una legislación que tipifica como delito la realización de actos discriminatorios contra cualquier práctica religiosa.

Canadá y la Unión Europea crearon nuevas oficinas para combatir la islamofobia, mientras que Croacia nombró a su primer asesor especial para combatir el antisemitismo.

Y, en términos más generales, la sociedad civil y otros gobiernos interesados de todo el mundo han conseguido la liberación de muchas personas detenidas, incluso encarceladas, por ejercer su libertad de religión o de creencias.

Según el secretario Blinken, «desafortunadamente, el informe también documenta la continuación y, en algunos casos, el aumento de tendencias muy preocupantes».

Fuente: Vozdeamerica.com

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