ARCHIVO – El gobernador de Texas, Greg Abbott / Foto: Flickr.com

Greg Abbott inicia así su promesa de enviar inmigrantes indocumentados que solicitan asilo a la capital del país como medida de protesta contra la Administración Biden. El gobernador ha dicho que enviaría hasta 900 autobuses con el mismo destino.

WASHINGTON DC — El inmigrante venezolano José Alejandro Rivero y su grupo familiar arribó este miércoles a una de las puertas de la estación Unión Station, en Washington DC, después de 30 horas de camino en autobús emprendido el lunes desde Del Río, Texas.“Pasamos el Río Bravo y fue algo difícil, pero el gobierno consiguió este autobús para traernos hasta aquí”, dijo Rivero a un noticiero local, con aparente desconocimiento de la motivación política atrás del traslado que empezó el lunes en la frontera sur hasta llevarle hoy a la capital nacional.

El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, cumple con este primer envío su palabra de mandar a Washington a inmigrantes indocumentados que llegan a Texas para pedir asilo. La máxima autoridad del estado fronterizo ha dicho que enviaría hasta 900 buses con inmigrantes, según han consignado medios nacionales.

Su decisión -ha dicho- es en rechazo a las directrices de la administración del presidente demócrata Joe Biden en el tema migratorio, especialmente en cuanto al fin del Título 42 previsto para el 23 de mayo.

Sobre el arribo de los inmigrantes a la capital nacional, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo en rueda de prensa este miércoles que todos los enviados en el autobús por el gobernador de Texas, “están en procesos de inmigración, lo que significa que están en contacto con las entidades apropiadas del gobierno federal sobre sus casos”.

La vocera recalcó que “nadie puede ser subido a la fuerza a un autobús” cuando tiene un proceso abierto ante las autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), lo que significaría que tienen derecho a optar por esta medida solo de “subirse voluntariamente a un autobús” cuando esté en consonancia con una decisión personal.

Psaki reiteró que la “política y la ley de inmigración son supervisadas por el gobierno federal y no por el gobierno estatal”, por mandato de las leyes.

Asistencia humanitaria en la capital

La llegada del autobús cargado con solicitantes de asilo provenientes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Colombia, como informó la cadena Fox News, tomó por sorpresa a organizaciones pro inmigrantes en la capital. Pero el servicio de Caridades Católicas se aprestó al sitio cercano al Capitolio para ofrecer asistencia.

La religiosa Charlotte Wagner, de Caridades Católicas, le dijo a CNN que la asistencia consiste en asesoría y apoyo básico puesto que muchos no tienen como destino Washington DC sino otras ciudades alejadas de la capital nacional, por lo que se estaban buscando logística para esa movilización hacia donde puedan tener apoyo de sus familiares.

«Están cansados, tienen hambre. Necesitan ropa, una ducha. Piden una muda de ropa», dijo la religiosa a la cadena de televisión.

Cuando las decenas de inmigrantes llegaron a Washington, se despojaron de los brazales amarillos que utilizan en los centros de acogida, pero conservan los sobres con la documentación para el proceso de petición de asilo que tendrán que seguir ante los jueces de inmigración.

Fuente: Vozdeamerica.com

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La representante de Florida en la Casa de Representantes introdujo una iniciativa de ley para reparar el sistema inmigratorio, la que explicó ofrece un punto intermedio al «todo o nada» de las propuestas que han fracasado con anterioridad en ambas cámaras. [Foto de archivo] / Reuters.

La legisladora María Elvira Salazar anunció que su proyecto entró a la Cámara Baja y espera que inicien negociaciones en su propio partido y con los demócratas para darle viabilidad a su propuesta de reforma de la Ley de Inmigración y «cerrar la frontera» a los flujos de inmigrantes irregulares.

WASHINGTON DC — La congresista María Elvira Salazar, republicana por Florida, introdujo en la Casa de Representantes una propuesta de ley para “sacar de las sombras” a millones de trabajadores indocumentados en Estados Unidos.

“Lo importante de este programa es que le da la oportunidad a la gente que ahora está en la oscuridad de salir y vivir en dignidad (…) esta es la primera vez que no es el todo o el nada que siempre han prometido, es algo intermedio» dijo la congresista Salazar durante teleconferencia de prensa.

El plan, llamado ‘‘Dignity for Immigrants while Guarding our Nation to Ignite and Deliver the American Dream Act’’, o ‘‘DIGNIDAD’’ contemplaría que los indocumentados que puedan demostrar que tienen al menos cinco años de vivir y trabajar en EE. UU. y que han pagado impuestos calificarían para entrar en el programa, que ofrecería la oportunidad de pagar una multa durante 10 años, de 1.000 dólares por cada año para mantener el permiso de trabajo y de residencia legal en el país.

La legisladora de origen cubano dijo que su plan tiene un enfoque integral y de largo alcance que reforzaría la protección de la frontera sur, pondría fin a la inmigración irregular, castigaría a los que infrinjan el paso y ofrece una oportunidad de largo tiempo para que los trabajadores indocumentados en Estados Unidos vivan con “dignidad”.

La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, conversa con los periodistas durante la rueda de prensa del 18 de febrero de 2021.

Durante ese tiempo -contempla el plan Salazar- el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) podría verificar los antecedentes de los solicitantes y, pasada esa década, los inmigrantes que han superado esa fase de tiempo podrían calificar para aplicar al programa “Redención”, que abriría camino a la ciudadanía.

La propuesta también contemplaría la obligatoriedad para todos los pequeños, medianos y grandes empresas de utilizar el sistema E-Verify para evitar las contrataciones de trabajadores indocumentados, lo que supondría multas para los que incumplan la medida.

Cuando el presidente Joe Biden asumió el mando el enero de 2021 presentó un plan de reforma de inmigratoria que ofertaba «un manejo responsable de las fronteras», mantener la reunificación familiar, «fortalecer la economía», y mejorar las condiciones de los países centroamericanos de donde llegan los flujos irregulares, entre estas personas que buscan asilo. Sin embargo, continúa encallada en el Congreso, donde aún no ha sido discutida.

En 2013, los senadores Robert Menéndez y Marco Rubio encabezaron un grupo bipartidista de ocho legisladores que patrocinaron una Reforma de Inmigración que contemplaba también los mismos componentes del plan de Salazar, tanto en las multas como los tiempos para que el DHS hiciera el cateo de antecedentes de los solicitantes, pero sobre todo de reforzar primero la frontera sur con más recursos y tecnología. Pasó el voto del Senado, pero no la de la Casa de Representantes.

Fuente: Vozdeamerica.com

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