ARCHIVO – El Ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo André Tinoco. Foto Houston Castillo, VOA

El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo Andre Tinoco, hizo un llamado para que la comunidad internacional apoye a su país en la gestión de la migración, expresó su preocupación por la situación de los DD.HH. en Nicaragua, y defendió la lucha contra el cambio climático.

El ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, Arnoldo Andre Tinoco, destacó en entrevista con la Voz de América que la migración proveniente de países como Nicaragua y Venezuela «está agotando los sistemas».

El diplomático adelantó que Estados Unidos es una de las naciones que está buscando soluciones para mitigar el peso migratorio que recae sobre Costa Rica.

A continuación la entrevista realizada al canciller costarricense al margen de la 77 Asamblea General de las Naciones Unidas.

VOA: Ministro, muchísimas gracias por conversar con la Voz de América. ¿Cuál es su estrategia de migración en Costa Rica, teniendo en cuenta que está afectando justamente a toda la región centroamericana y a todo el continente?

Tinoco: Efectivamente, el tema de la migración es uno de los grandes desafíos internacionales que tenemos. Costa Rica tiene una característica distinta a los demás países, en el sentido de que es país anfitrión y recibe la migración de los países vecinos.

Tenemos dos grupos de migrantes fuertes en este momento. Por un lado, los que nos entrega Panamá en la frontera sur, que se acompañan hacia la frontera norte. Ahí estamos hablando de unas 160.000 personas por año; muy vulnerables, son familias o mujeres o niños que transitan por el país para seguir su marcha hacia el norte. A veces se quedan unos días, semanas o meses en el país para ver si pueden acumular algunas reservas o recursos financieros para continuar su marcha, por cuanto en Nicaragua se les cobra por el paso, ese es un grupo.

El otro son los que migran para quedarse en el país. Ahí estamos hablando que recientemente en los últimos años tenemos unas 200.000 solicitudes de refugio en proceso, con poca capacidad administrativa para procesarlos. Hay un tiempo de espera de más de ocho años desde que se presenta la solicitud para el examen del expediente.

Reciben en ocasiones permisos de trabajo provisional, y de ellos un 85% proviene de Nicaragua. El otro porcentaje se reparte entre venezolanos, parcialmente de Venezuela y de Colombia, que continúan su marcha hacia Costa Rica; algunos haitianos y también cubanos.

El asunto está rebasando los límites de la razonabilidad, está agotando los sistemas. El país tiene que invertir grandes sumas en educación, seguridad social, integración y seguridad de estas poblaciones. Y para ello estamos acudiendo a la comunidad internacional, haciendo un llamado de apoyo financiero no reembolsable para resolver este asunto, dado que consideramos injusto que el país tenga que endeudarse más para pagar intereses para resolver un problema cuya causa u origen no es Costa Rica. Entonces hemos creado un plan de corto, mediano y largo plazo. Ya tenemos una mesa de trabajo con autoridades de Estados Unidos que han mostrado interés en apoyarnos en resolver este desafío y estamos justamente estos meses trabajando en ello.

VOA: ¿Y cuál es esa alianza para la prosperidad económica de Biden, y cómo se beneficia Costa Rica?

Tinoco: En el marco de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, a mediados de año, firmamos la Declaración de Los Ángeles en materia migratoria, en la cual nos comprometemos a iniciar un programa de residencia temporal complementaria, que se llama, pero sujeto a obtener recursos internacionales de apoyo financiero, por cuanto no podemos lograrlo solos.

VOA: ¿En qué consiste la Alianza para el desarrollo en democracia y cómo se diferencia del mecanismo del sistema de integración de Centroamérica?

Tinoco: El Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) está constituido formalmente por ocho estados del norte al sur: Guatemala, Belice, El Salvador Honduras Nicaragua, Costa Rica y Panamá y la República Dominicana. Es un sistema de hace décadas, de los (años) 60, maduro, con muchas agencias y formal, que acaba de reactivarse gracias al nombramiento de un secretario general.

Mientras tanto, se ha desarrollado una alianza informal, sin burocracia, que se llama Alianza para el Desarrollo en Democracia, iniciada por Costa Rica, Panamá y República Dominicana como países creyentes en el Estado de Derecho, en la democracia, en la protección de los derechos humanos y países que creen que el desarrollo de sus poblaciones debe basarse en esos principios.

A ella se ha sumado, ahora, en el marco de esta Asamblea General, formalmente el Ecuador. La idea es consensuar políticas, también políticas exteriores, desarrollar programas en común y presentarse a la comunidad internacional como un grupo de países pequeños que creen en esos valores y principios. Han mostrado interés en cooperar los Estados Unidos, Canadá, España y algunos otros países. Es una alianza que ha sido muy bien recibida por la comunidad internacional.

Panamá lidera la parte política; Costa Rica, la parte de cooperación. La República Dominicana los temas de inversión y comercio y Ecuador ha asumido la coordinación de los temas de protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático.

VOA: Usted mencionaba que ya fue criticado su discurso por parte de Nicaragua. ¿Cuál es justamente la posición con respecto a Nicaragua a la situación de los presos políticos y que opina también sobre Venezuela?

Tinoco: Ya le decía que Costa Rica es víctima directa de la situación nicaragüense, en cuanto a que parte de su población migra y busca refugio en nuestro territorio y en nuestras estructuras sociales.

Hay que diferenciar la relación entre Costa Rica y Nicaragua en dos planos; uno a nivel fronterizo como país vecino, que es donde les interesa a ambos, por supuesto, un flujo de frontera ordenado y seguro en temas aduaneros, de control fitosanitario, de control de tráfico de drogas, etcétera. Esa coordinación la hacemos bien con las autoridades nicaragüenses.

Sin embargo, a nivel de organismos internacionales y resoluciones conjuntas, Costa Rica se ha sumado a expresar su grave preocupación por la violación sistemática de varios derechos humanos. Entre ellos destacan problemas serios en cuanto a los presos políticos, donde hay más de 180 presos de esta naturaleza, muchas veces impedidos incluso de recibir visitas durante más de un año y, parece ser, en muy malas condiciones, y ahí hay una preocupación seria.

La otra es la supresión de la libertad de expresión y prensa, porque ya no se puede operar desde Nicaragua. Prácticamente todos los medios de prensa nicaragüenses están operando desde Costa Rica.

A ello habría que agregarle la cancelación de la personería jurídica de más de 1.200 organizaciones no gubernamentales, NGO, a las cuales se les ha cancelado su capacidad de actuar. Muchas de ellas se han trasladado también a operar desde Costa Rica.

Esto sin mencionar la presencia del ejército ruso en suelo nicaragüense y 50 tanques rusos que Nicaragua había adquirido sin una amenaza externa. Costa Rica no tiene armamento, no tiene ejército, no puede significar una amenaza para Nicaragua.

Entonces, ese cúmulo de factores por supuesto provoca inestabilidad en la región, por cuanto se aleja de los principios fundacionales mismos del SICA, del Sistema de Integración Centroamericana. Y es ahí donde Costa Rica alza su voz para llamar la atención, tanto en el seno de la OEA como ahora en Naciones Unidas, sobre la situación que se está presentando allá, por cuanto está afectando directamente a la población.

En Venezuela (hay) una situación igualmente trágica. Tenemos más de 6 millones de personas que han emigrado de Venezuela, eso es más grande que el número de cualquier conflicto armado. Se han ubicado en los países vecinos: Ecuador tiene muchos, Colombia tiene otro tanto, Perú otro tanto, y otro tanto migra hacia el norte.

En el caso costarricense, gobiernos anteriores se adhirieron junto a más de 50 países, al reconocimiento del representante permanente provisional, Juan Guaidó, como representante de de Venezuela, lo que llevó a la OEA a acreditar un embajador del gobierno de Juan Guaidó, mientras que en Naciones Unidas existe un embajador del régimen de Nicolás Maduro.

Costa Rica no tiene embajada ni relación consular en Caracas, ni viceversa. Eso presenta un gran desafío para los venezolanos en suelo nuestro y los costarricenses en suelo (venezolano) nicaragüense. En la tramitación necesaria de su documentación. Es una situación igualmente difícil.

Viene ahora a la Asamblea General en octubre de la OEA en Perú y vamos a ver qué resoluciones se generan a nivel de organismos internacionales. Vamos a esperar ese posicionamiento para re evaluar la situación.

VOA: ¿Qué opina sobre la situación de la libertad de prensa en Costa Rica?

Tinoco: Costa Rica está orgullosa de tener un régimen de absoluta libertad de prensa y expresión, respetándolo como uno de los derechos fundamentales tanto constitucionales como de los instrumentos interamericanos.

VOA: Sobre el cambio climático, ¿Cómo quedan las cargas en la región? ¿Y cuál es la posición de Costa Rica y los planes a futuro que tiene el país para combatir los efectos negativos?

Tinoco: Es un tema importantísimo. Justamente debido a un fenómeno climático ha sido que el presidente Rodrigo Chávez no ha podido asistir a esta Asamblea General. Se vinieron lluvias estrepitosas sobre el territorio nacional, causando aluviones de montañas y salidas de los ríos de sus cauces. Una de ellas afectó a un bus y perdieron su vida diez personas. A raíz de eso fue que el presidente Chávez no pudo asistir. Es un claro ejemplo de los efectos del cambio climático.

Costa Rica, preocupada por ello, por supuesto, ha suscrito y promueve a nivel de Naciones Unidas todas las iniciativas que tienden a la lucha contra el cambio climático, en especial en esta administración, con un énfasis hacia los océanos.

El territorio nuestro es diez veces más grande en nuestros mares que en nuestro territorio. Tenemos costa caribeña o atlántica y pacífica. En el Pacífico, junto con Panamá, Colombia y Ecuador, Costa Rica ha suscrito y está promoviendo una zona especial de reserva de biodiversidad que hemos llamado CMAR, el corredor marítimo del Pacífico este tropical, que va de Ecuador hasta las islas Galápagos, amarran con la isla de Malpelo colombiana, Coiba de Panamá y la isla de Coco costarricense, generando un área de 500.000 kilómetros cuadrados como área de protección, de investigación y de especial atención en el Pacífico.

Además de ello, estamos participando activamente en la negociación de la Convención BBNJ para los recursos marinos del fondo marino en alta mar. Y, por supuesto, vamos a participar también en la convención para mitigar el problema del plástico en los océanos. Es más, le estamos planteando a los miembros de las Naciones Unidas y así lo hice en el discurso trabajar conjuntamente en una nueva declaratoria de paz para el océano que pretendemos liderar y coordinar para visibilizar el problema que hay en la contaminación de las aguas.

Fuente: Vozdeamerica.com

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Un migrante nicaragüense aguarda a la espera de un «coyote» que lo cruzará de forma irregular a su país de origen. [Foto: Óscar Navarrete. Voz de América/La Prensa] FotoVOA

*Jeison Álvarez metió en su pequeña maleta un par de camisas, dos pantalones, su pasaporte nicaragüense y una fotografía impresa de su niña de 6 años, a la que dice que posiblemente no verá en al menos una década.

Se había establecido durante los últimos dos años en Costa Rica, a donde llegó huyendo de la persecución del gobierno de Daniel Ortega, que lo señalaba de “golpista” por unirse a las manifestaciones antigubernamentales de 2018. Ahora regresa a Nicaragua a escondidas a través de la frontera, solo para despedirse de su hija y su familia. En Costa Rica trabajaba en una barbería, pero con la pandemia del coronavirus se redujeron sus ingresos y ahora quiere ir a Estados Unidos en busca de una mejor situación económica.

En San José, Álvarez abordó un autobús que lo dejó en una parada de buses cercana a la frontera de Nicaragua, donde un “coyote” lo esperaba para pasarlo al otro lado.

Cruza con el coyote «por ahorrar dinero», dice Álvarez, «y obviamente porque no quiero que tengan mi registro al pasar por Nicaragua, porque iría preso».

Para un nicaragüense retornar a su país desde Costa Rica no existe impedimento legal, pero muchos exiliados que han huido del gobierno de Ortega, como Ramírez, evitan hacerlo y optan por entrar ilegalmente a Nicaragua a través de la frontera por temor a ser reconocidos por las autoridades y detenidos. También es una vía más económica para muchos.

Equipos de La Prensa y la Voz de América acompañaron a Ramírez durante su recorrido a través de la frontera.

El muro y los peligros

Los migrantes atraviesan la frontera por lo que llaman «puntos ciegos», porque se supone que logran pasar inadvertidos por las autoridades de Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo, no pasan inadvertidos para los ladrones, y muchos de los migrantes corren el riesgo de ser atracados y quedarse sin dinero ni pertenencias.

María Estela Hurtado Hurtado es una nicaragüense nacionalizada en Costa Rica que asegura ver pasar a diario a “un montón” de migrantes cerca de su patio, que colinda con uno de los «puntos ciegos», cercano a un enorme muro de latas que Ortega mandó a instalar en la frontera de Peñas Blancas con el fin de bloquear la salida de migrantes.

Hurtado relata «horrores» que le ha tocado ver, entre estos a migrantes abandonados del lado nicaragüense tras ser asaltados en suelo tico y regresados por los militares de Nicaragua. «Se los bolean», dice.

“A mí me ha dado mucho pesar y me enferma. Un día de mañanita, porque mi trabajo es que echo tortillas, abriendo la puerta oigo la gritadera porque ya habían asaltado a unos migrantes y les habían quitado toda la platita, les pegaron a unos niños y los dejaron sin nadita, hasta los zapatos les quitaron”, relata.

“Les di tortilla con queso, café y les dije ‘se están tranquilos aquí, vayan a migración tica, tal vez les ayudan, les dan algún apoyo o dónde estar para mientras recogen plata y se van’. Aquí los tuve como dos días. Salían a pedir a los buses, parece que recogieron platita porque ya no los volví a ver”, contó Hurtado.

La lugareña remarca que en el «muro», como le dicen a las láminas de zinc vigiladas por el lado nicaragüense, se han incrementado los asaltos y complicado el cruce de migrantes, que deben pasar por debajo abriendo huecos, o saltarlo, arriesgándose a herirse, o rodearlo y correr el riesgo de pasar una quebrada o ser asaltados.

En marzo de 2022 el presidente Ortega mandó a construir el muro de zinc de cuatro kilómetros de extensión desde el puesto fronterizo de Peñas Blancas hasta el cauce del río Cabalceta.

El monto que pagan los migrantes a los “coyotes” por las rutas cercanas al muro es de 10.000 colones (unos 15 dólares), que por un tiempo subió a 25.000 colones (unos 38 dólares) porque había aumentado el trayecto que debían recorrer y el riesgo por cruzar por la quebrada o a través del muro.

Los militares, según los pobladores de la frontera, tienen «horas en las que se van» de la zona, y es entonces que los ladrones aprovechan para asaltar a los migrantes.

El camino

La ruta escogida por los nicaragüenses es mayormente hacia el sur, a Costa Rica.

Eliezer, otro migrante originario de Granada que se encuentra exiliado en Costa Rica después de las elecciones de noviembre de 2021 —donde Ortega se reeligió tras encarcelar a casi todos los opositores— ha visitado Nicaragua en un par de ocasiones de forma irregular. Ir por las vías establecidas en la frontera sería un problema para él, según dice, porque corre peligro de ser detenido por ser opositor al gobierno.

El camino por donde transitó irregularmente afirma que estaba un poco «flexible», en relación a otras ocasiones cuando llueve y hay mucho lodo.

Asegura que cruza la frontera de esa forma para aminorar costos, pero también para evitar algún tipo de encuentro con las autoridades migratorias de Nicaragua, ya que a su familia «le han llamado golpistas» y los asedian constantemente.

«Andábamos de visita rápido en Nicaragua», señala el hombre de 26 años, mientras sostiene en brazos a una de sus hijas.

Más de 50 puntos irregulares

En toda la frontera de Nicaragua y Costa Rica, cuya longitud es de unos 300 kilómetros, extendiéndose entre las costas del mar Caribe y el océano Pacífico, hay unos 51 pasos irregulares que han sido detectados, según un estudio realizado por la Fundación Arias.

Entre las personas que realizan actividades de tráfico de migrantes, llamados «coyotes», hay personas que lo realizan «de buena fe y como una alternativa económica», pero por otro lado hay peligro de trata de personas y «tráfico de otras mercancías», señala la Fundación.

Uno de los que se identifica como «coyote» accedió a conversar con la VOA y La Prensa bajo la condición del anonimato. Este hombre, de rasgos ásperos y carácter fuerte, dice que la migración ha aumentado durante los últimos años de una manera «impresionante» y eso de cierta forma le ha ayudado a generar ingresos a su familia en Nicaragua.

«Si antes estaba en un 40 por ciento la migración, ahora está en un 80 ó 90 por ciento. Son demasiados migrantes», dice el hombre.

«Esto no lo hacemos por hacerlo, sino por una necesidad. En mi caso, lo hago para llevar un sustento a mi casa», agregó.

Además dijo qué pasaría en caso de que los militares lo detengan: «Si me hubieran agarrado cruzándome ahí [en la frontera], tendría que pagar esa lámina [de zinc]. Son 15.000 colones por una lámina de zinc, 10.000 colones le cobramos a los migrantes para pasarlos, entonces no gano nada. Al día paso hasta cinco [migrantes], pero cuando trabajo con muchos clientes, a veces paso hasta a 10, dependiendo. A veces me vienen grupos de hasta 15 personas. Un solo grupo, un solo día».

«Yo soy nicaragüense, es la única manera que existe de sobrevivir aquí en este pueblo», afirmó el hombre de 25 años.

De acuerdo con las autoridades costarricenses, los migrantes nicaragüenses representan alrededor del 90 por ciento de las solicitudes de refugiados en este país, y el 11.5 por ciento de los 5.2 millones de habitantes de Costa Rica.

Desde la crisis política que comenzó en Nicaragua en 2018, Costa Rica ha recibido unas 180.000 solicitudes de refugio, y de esas el 89 por ciento son de nicaragüenses, mientras que las restantes se dividen entre venezolanos, colombianos y salvadoreños, según explicó Allan Rodríguez, vicedirector de Migración y Extranjería.

Un estudio del Barómetro de las Américas, realizado entre el 3 de junio y el 28 de agosto de 2021, arrojó que el 52 por ciento de los casi 3.000 entrevistados en Nicaragua deseaba abandonar el país. La razón más importante por la cual los nicaragüenses pensaban tomar esta decisión era la falta de oportunidades económicas (53 por ciento), así como también la falta de oportunidades educativas (21 por ciento). Un 21 por ciento argumentó otras razones.

En uno de los puntos que La Prensa y Voz de América recorrieron y que los vecinos describieron como “un trayecto lodoso”, las personas rentan botas de hule para cruzar la frontera irregularmente.

Remilio García, un habitante de la frontera de 74 años que vive cerca de una montaña, mostró una quebrada donde dice que pasan los migrantes, muchas veces con niños pequeños.

“Mucha gente pasa por aquí. Viene de todo, [personas] con niños, adultos de toda edad. Es complicado, pero como los traen alzados o pagan gente que se los alcen, hay motos, muchas motos. Los cruzan en motos por algunos lados”, dice García, aunque reconoce que hay lugares donde el camino es tan malo y fangoso que es imposible cruzar en motocicletas.

«Nadie quiere dejar su país»

Otro de los migrantes con las maletas en la carretera y con un niño en sus piernas, que prefirió no identificarse por su seguridad, comenta que recorren la frontera de forma irregular constantemente porque «es más económico». Al igual que muchos, dice que «nadie quiere dejar su país, pero a veces la situación lo amerita».

«No hay trabajo, y si hay, es demasiado explotador y la paga no es nada. Hace dos meses salimos, primero por lo económico y lo segundo es porque allá estaba la cuestión política, el gobierno», comenta.

«Extraño Nicaragua, como te dije al comienzo, uno no quiere salir y abandonar su país, pero a veces no lo hacemos por nosotros mismos. Por lo menos el que tiene hijos ya no lo hace por él mismo, sino por sus hijos», dice mientras espera un autobús que lo saque de Peñas Blancas y lo aleje de Nicaragua.

Fuente: Vozdeamerica.com

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ARCHIVO – El fallo dice que los conspiradores lavaron fondos relacionados con los sobornos desde y hacia en bancos de la Florida y usaron el dinero para su beneficio personal.

Uno de los acusados vive en Miami y los otros dos, originarios ambos de Ecuador, en Costa Rica.

Un juzgado de instrucción del sur de la Florida recomendó presentar cargos contra un hombre de Florida y dos ciudadanos ecuatorianos que residen en Costa Rica por su presunto papel en un esquema de sobornos y lavado de dinero para obtener contratos de aseguradoras estatales de Ecuador.

Los nombrados en los documentos son Esteban Eduardo Merlo Hidalgo, de 50 años, de Miami, y Christian Patricio Pintado García, de 49 años, y Luis Lenin Maldonado Matute, de 52 años, ambos de Costa Rica.

Según el informe del Departamento de Justicia de EEUU, los tres conspiraron para pagar sobornos a funcionarios de las aseguradoras estatales ecuatorianas Seguros Sucre S.A. y Seguros Rocafuerte S.A. para obtener y retener negocios para una compañía de ellos intermediaria y reasegurar clientes.

La compañía intermediaria también recibió una porción de la comisión de corretaje recibida de Seguros Sucre y Seguros Rocafuerte, y usó esos fondos para pagar los sobornos.

El fallo argumenta que los conspiradores lavaron fondos relacionados con los sobornos desde y hacia en bancos de la Florida y usaron el dinero para su beneficio personal.

Merlo, Pintado y Maldonado fueron instruidos cada uno de un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, que conlleva hasta un máximo de cinco años de prisión, y conspiración para lavar dinero, que puede acarrear hasta 10 años.

Además, enfrentan otros cuatro cargos relacionados con participar en transacciones criminales involucradas en propiedades, que sumarían otros 10 años.

Fuente: Vozdeamerica.com

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